En los tiempos actuales en que la extracción de metales a gran escala genera amores y odios en la sociedad, sorprendió ayer ver cómo se alinearon en San Juan la mayoría de los jefes políticos (por fuera del gobierno), para defender la actividad como motor impulsor de la economía provincial. La reciente incorporación al Congreso Nacional de un proyecto de ley del diputado Fernando "Pino" Solanas -y otros 13 legisladores firmantes- para prohibir la actividad minera a cielo abierto en el país y el uso de sustancias químicas en tecnologías de extracción de metales generó un amplio rechazo en el arco político sanjuanino: Los principales caciques partidarios -tanto los afines, como los opositores al gobierno- rechazaron la iniciativa que impondría trabas a uno de los principales sectores productivos de la provincia, según constató ayer DIARIO DE CUYO.
Los referentes de Producción y Trabajo, de Actuar, del Grupo 1852, del bloquismo y hasta del nuevo enemigo político del giojismo, el rawsino Mauricio Ibarra (Confe), coincidieron ayer en resistir el proyecto al que calificaron de "disparate", "fundamentalista" e "ilógico". Sólo el ex radical, Diego Seguí, referente en San Juan del Gen, partido que lidera Margarita Stolzbizer (una de las firmantes del proyecto) dijo apoyar la esencia del proyecto. En tanto, el líder de la UCR, Salvador Mercado no tomó partido y adoptó una postura intermedia, mientras que Claudia Rozas (ARI) prefirió no encasillarse por el sí o el no, porque dice que el modelo que impulsa esta minería no ha dado información como para tomar partido (ver opiniones). El Gobierno provincial ha tomado el desarrollo de la minería metalífera como Política de Estado, por lo que rechaza de plano este tipo de leyes que impliquen prohibir proyectos de extracción de cobre, oro, plata u otros metales con las técnicas que usa el mundo en este momento, y que también se aplican en San Juan: Los principales proyectos mineros metalíferos que operan en la provincia -Veladero, Gualcamayo, Casposo- y los que vienen -Pascua-Lama, Pachón- son a cielo abierto y usan sustancias químicas para la extracción. ¿Qué pasaría con esos proyectos? Solanas dice en un artículo que las mineras que ya estén funcionando deberán someterse a monitoreos trimestrales, durante todo el período de explotación y hasta cinco años después del cierre o abandono de la mina. Y serán responsables de la reparación y saneamiento.
El proyecto de ley (ver página 7) del ex cineasta, devenido en diputado nacional tomó estado parlamentario el pasado jueves 15 de julio, aunque debido a las vacaciones legislativas recién se conoce ahora. Tiene el número de expediente 5183-D-2010 y se denomina "Minería a Cielo Abierto y utilización de sustancias tóxicas. Prohibición". Está impulsado por Solanas, y también lo firman los diputados Claudio Lozano, Jorge Cardelli, Alcira Argumedo, Horacio Alcuaz, Mónica Hayde Fein, Griselda Baldata, Paula Merchan, María Fernanda Reyes, Juan Carlos Morán, Jorge Alberto Obeid, Felipe Solá, Julio César Martínez, Margarita Stolbizer y Ernesto Félix Martínez. Ha sido girado a las comisiones de Minería, Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Legislación General. En esencia, es casi un calco de la ley minera que tiene Mendoza. Y está en sintonía con la reciente media sanción de la ley de protección de glaciares, donde se impuso un proyecto consensuado Bonasso-Filmus que es adverso a las provincias andinas mineras, cuyo articulado será tratado en las próximas semanas.