Buenos Aires.- La Justicia resolvió retrotraer las tarifas del gas al 31 de marzo pasado, para usuarios residenciales. A su vez, el Gobierno nacional ya ordenó la refacturación. A continuación, lo que hay que saber sobre la medida y su alcance:
Precios viejos y facturas nuevas. Tras el fallo de la Corte Suprema, el cuadro tarifario anterior -que rigió hasta el 31 de marzo pasado- ‘está vigente, por lo tanto, se va a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior y que en los próximos días se vaya normalizando las facturas que no se han pagado y demás’.
Nota de crédito para los que pagaron de más. Según datos oficiales del Gobierno, más del 80 por ciento de los usuarios pagaron las facturas del gas con el aumento. En estos casos, más allá de retrotraer los precios al 3 de marzo, y la confección de una nueva factura, se les entregará una nota de crédito con lo que abonaron de más. Todavía no se sabe si será una sola nota de crédito a más. Una nota de crédito es que se les reconoce un saldo a favor para próximas facturas, no implica devolución de dinero en efectivo.
El usuario no debe realizar ningún trámite. Según adelantaron las entidades de defensa de los consumidores, no será necesario tramitar la devolución de lo que se pagó de más ya que será una medida que cada prestadora del servicio resolverá de manera automática.
Hoy se convoca a audiencias públicas. El Gobierno anticipó ayer que hoy hará una convocatoria formal en ese sentido para cumplir con el fallo de la Corte. Dichas audiencias se realizarían en un plazo aproximado de tres semanas. En las semanas previas a la audiencia el Gobierno convocará a gobernadores, fuerzas políticas y legislativas, representantes de la sociedad civil y empresarios para alcanzar un acuerdo federal en busca de una solución integral a la crisis energética de aquí a cinco años.
Las audiencias públicas no son vinculantes. El Gobierno puede escuchar a todos los actores sociales en las audiencias públicas ya que para participar se puede inscribir cualquier particular, empresas, clubes, ONG, entidades de defensa de los consumidores, legisladores, etc. Pero, sólo tienen efecto informativo, por lo tanto, el Estado es en definitiva quien fija el monto del aumento de las tarifas.
¿El Gobierno insistirá con la suba? La convocatoria a las audiencias públicas llevan implícito el plan del Gobierno de recomponer el precio de los servicios públicos. En el caso particular del gas, no se descarta que se insista con un aumento cercano al que la Corte declaró nulo. Es decir, con hasta 400% de aumento ya que el fallo reconoce la potestad del Estado de ponerle precios a los servicios públicos, aunque pidió racionalidad.
Sigue vigente la tarifa social. Sobre la continuidad de este beneficio no se habían pronunciado ni los jueces de primera instancia ni la Cámara Federal de La Plata que anuló el tarifazo del gas en todo el país, pero la Corte ordenó mantenerlo. Están comprendidos en la tarifa social: los titulares del servicio que son beneficiarios de planes sociales como Asignación Universal por Hijo o Embarazo; jubilados y pensionados que cobren menos de dos salarios mínimos, que tengan una sola vivienda y no posean autos de menos de 20 años de antigüedad, empleadas domésticas, etc. El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, indicó ayer que ‘en la audiencia pública vamos a presentar un cuadro tarifario sobre la base del que ya hemos fijado para el sector residencial, con los aportes que puedan formular otros sectores hasta esa fecha‘.