Las políticas de desarrollo en una economía de mercado alientan la expandir la productividad, que no es tarea del Estado sino del sector privado que requiere estímulos fiscales promocionales y seguridad jurídica. La inversión productiva, con alto valor agregado, como se realiza en la actividad industrial, genera empleo y divisas, completando el ciclo de crecimiento para una equitativa distribución del ingreso.
Estas premisas no se cumplen en la Argentina como política de Estado. Por el contrario, el permanente cambio de las reglas de juego, las presiones y discriminaciones que sufre el empresariado para disciplinarlo en la hegemonía del poder, más las restricciones energéticas, desalientan las inversiones y erosionan los planes de las empresas, achicando la oferta laboral.
Pero también existen gratificantes excepciones, que deberían generalizarse con sentido común. Es el caso de Córdoba, que a partir del 1 de octubre, otorgará la exención del pago de Ingresos Brutos a unas 10.200 fábricas, que facturen menos de 7,5 millones de pesos anuales, es decir el 90% de las plantas industriales ubicadas en esa provincia.
El gobernador Juan Schiaretti anunció que el beneficio tributario, o alícuota cero, prevé elevar el tope el año que viene de manera que la exención beneficie también a las empresas medianas, con lo cual prácticamente se estaría llegando casi al total de las 11.300 industrias que tiene Córdoba. La respuesta de los industriales se refleja en inversiones por más de 3036 millones de pesos al concluir el trienio 2009-2011.
Un ejemplo de sana convivencia entre las autoridades y el empresariado, lejos del clima de crispación que se vive a nivel nacional.