La Cámara de Senadores de la Nación aprobó ayer, y convirtió en Ley, una nueva norma para combatir el lavado de dinero y, a continuación, sancionó y envió a Diputados una legislación correctiva sobre la misma cuestión que busca perfeccionar la iniciativa original.
La Ley aprobada, tras cuatro horas de debate, busca llenar una exigencia hecha a Argentina por los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El Senado tomó la decisión en una votación de 61 legisladores que lo hicieron por la positiva, contra dos por la negativa, a cargo de los justicialistas disidentes Adolfo Rodríguez Saá y el sanjuanino Roberto Basualdo.
En particular hubo 57 votos a favor, cuatro en contra y una abstención de la formoseña Adriana Bortolozzi en la consideración en particular e idénticos guarismos arrojó el tratamiento del proyecto de ‘ley correctiva‘ que introdujo cambios en varias artículos de la nueva legislación.
El proyecto aprobado tipifica la acción como delito autónomo del lavado de activos, por lo que a partir de ahora su sanción no requerirá de que la persona previamente haya sido sancionada por otro delito. La norma elimina la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del denominado ‘autolavado‘.
El texto, que pasó por Diputados el 4 de mayo, establece que será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación ‘el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal‘.
Además, el proyecto amplía las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la judicatura, mediante modificaciones a la Ley 25.246, e incorpora nuevos sujetos obligados. Otro punto de la ley indica que los montos de punibilidad del tipo penal se elevaron a 300 mil pesos y se estipuló que quien realiza una maniobra de lavado inferior a 300.000 pesos tiene la misma pena que el encubrimiento.
También prevé la autonomía y autarquía financiera de la Unidad de Información Financiera. En relación al procedimiento de designación de la UIF, exige que se realice un concurso público, transparente y abierto en el ámbito del Ministerio de Justicia y aplicando luego el procedimiento que hoy prevé el decreto 222/03.
Según el proyecto, el Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la UIF de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación.
También se prohibe iniciar investigaciones de oficio o a partir de los reportes automáticos y, en el caso de la UIF, establece que no podrá querellar. Finalmente, el plazo para informar operaciones sospechosas se extendió de 30 a 150 días corridos.
El socialista Rubén Giustiniani reconoció que “actuamos de apuro, pero este debate hace de la seguridad de todos los ciudadanos”, y agregó que “el lavado promueve la corrupción y esa corrupción adquiere niveles muchísimos más preocupantes cuando se convierte en impunidad”.
El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, defendió que la Unidad de Información Financiera dependa del Poder Ejecutivo, algo que fue cuestionado por la oposición. Por su parte, Rodríguez Saá rechazó la idea de sancionar la ley y después corregirla y anunció su voto contrario a la norma, en tanto su comprovinciana Liliana Negre objetó una serie de artículos, que luego votó en contra en la votación en particular.