La oposición apuntó ayer al gobierno de Cristina Fernández por las denuncias que salpican a la Fundación Madres de Plaza de Mayo que preside Hebe de Bonafini, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos a través de la construcción de viviendas populares.

El escándalo en torno a esta cuestión estalló públicamente esta semana al conocerse la intempestiva salida de Sergio Schoklender de su cargo de apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sospechado de presuntas irregularidades en operaciones con dinero público para hacer viviendas.

El jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri, aseguró que desde la gestión K siempre se “acudió a dar garantía ante los incumplimientos de Schoklender y las Madres de Plaza de Mayo” en los proyectos para la construcción de viviendas. Mientras que desde la Coalición Cívica, la diputada nacional Elsa Quiroz pidió nuevamente la intervención de la Unidad de Información Financiera para que investigue la actuación del apoderado de las Madres, por posible blanqueo de dinero a partir de la compra de terrenos.

La legisladora presentó en junio de 2010 una denuncia contra Sergio Schoklender, por presunto lavado de dinero al adquirir dos predios en José C. Paz. Se trataba de terrenos -con casas incluidas- compuestos de 12 lotes uno y de 4 lotes el otro vendidos a tarifas insólitas: U$S 95 mil y U$S 65 mil, respectivamente.

Mientras que, Mauricio Macri denunció que de las 1.000 viviendas otorgadas por la Nación a la Ciudad, “todas fueron (construidas) vía (la Fundación de las) Madres de Plaza de Mayo”.

Agregó que tras asumir en la Ciudad “encontré contratos firmados con Madres de Plaza de Mayo sin garantías contractuales, para hacer viviendas que habían cobrado en un 70 % y habían hecho menos de un 30”.

Por otra parte, el jefe del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, también solicitó que se avance con la investigación de posibles delitos para ofrecer “a la sociedad toda la información de que disponga en torno a los hechos”.

“Las fundaciones son entidades privadas -dijo Gil Lavedra-, pero cuando, como en este caso, manejan cuantiosos recursos públicos, resulta imperioso conocer detalladamente el destino que les dan” a los subsidios otorgados por el Gobierno nacional.