El oficialismo acordó con el massismo y el PJ disidente avanzar la semana próxima en Diputados con el tratamiento de los proyectos de ley de extinción de dominio y de arrepentido, y se analiza la posibilidad de convocar a una sesión para el próximo jueves.
El anteproyecto de extinción de dominio apunta a la incautación de los bienes obtenidos en forma ilícita, tanto de sus autores como de sus herederos y receptores de donaciones, además de crear una Agencia de Administración y Remate que dispondrá qué hacer con lo confiscado.
El Gobierno, en coincidencia con el escándalo generado por el exfuncionario kirchnerista José López que fue detenido cuando trataba de ocultar 9 millones de dólares en un convento, presentará el martes una propuesta para extender la figura del arrepentido a los casos de corrupción.
‘La figura del arrepentido está incluida dentro de las técnicas especiales de investigación que propuso el Ejecutivo, pero hay un proyecto que elaboró la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Justicia para los casos de corrupción. Vamos a armonizar ambos proyectos‘, anticipó el cobista Luis Petri (UCR), que preside la comisión de Seguridad Interior en la Cámara Baja.
De acuerdo a lo informado desde el oficialismo, el martes a las 10 se tratará la ley del arrepentido en una reunión conjunta de Seguridad y Legislación Penal, mientras que a las 15 está previsto el plenario de las comisiones de Legislación General y Justicia para analizar extinción de dominio.
Petri explicó que la técnica del arrepentido ‘se encuentra para seis figuras penales, lo que se trata es de ampliarlo a los supuestos hechos de corrupción porque creemos necesario que esta es una herramienta muy importantes para avanzar en las investigaciones judiciales‘.
En su momento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que la figura del arrepentido es para quien ‘se le reduce o exime la pena cuando en cualquiera de las etapas del proceso brinda información comprobable, verosímil y fehaciente‘.
En lo que tiene que ver con extinción de dominio, Petri explicó que ‘hay varios proyectos, pero se basará en uno del Frente Renovador y se buscará el consenso para sacar despacho‘. La propuesta apunta a activos del narcotráfico, lavado de dinero y la corrupción como así también para los casos de evasión de privados, y se remarcó que se extiende la persecución a los bienes que heredan los familiares de los condenados y los que se encuentren fuera del país.
En la propuesta se fija que el destino de los bienes comprometidos será el 90% utilizado para financiar el programa de infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación, mientras que el 10% restante, a la capacitación del personal involucrado en la recuperación de activos. En el caso de narcotráfico, el 45% de los bienes se destinan al programa de prevención de la Sedronar, el organismo dedicado a la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico, y el 45% restante a obras de educación. Asimismo, la iniciativa plantea la imprescriptibilidad de dichos delitos y la autonomía de la investigación penal necesaria para transferir la titularidad de los activos al Estado.
La propuesta es fogoneada por Graciela Camaño y establece que ‘la extinción de dominio no es retroactiva ni irretroactiva, es retrospectiva, pues regula situaciones ocurridas aún antes de su vigencia‘ y, asimismo, fija que ‘las personas individuales o jurídicas que, en forma voluntaria contribuyan a la obtención de evidencias‘ podrán recibir ‘una retribución de hasta el 5% de los bienes declarados. La norma también prevé la creación de la Administración de Bienes en Extinción de Dominio, como organismo descentralizado de la Jefatura de Gabinete, y se fija que la ley será de aplicación supletoria, en lo pertinente, el Código Procesal Civil.