A partir del 2007, cuando se puso en marcha el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, como una herramienta del Registro Nacional de Armas (Renar), los sanjuaninos han entregado de manera voluntaria 1.698 armas para que sean inutilizadas y destruidas definitivamente. Esa cifra es el 53%, es decir casi la mitad, de las 3.200 que figuran declaradas en el Registro Provincial de Armas de Fuego (Repar), según datos del organismo.

A nivel nacional, el programa recolectó 151.174 armas y 1.201.086 municiones, desde el año 2007 hasta ahora. Y sólo el año pasado se recibieron y destruyeron 53.369. El programa vuelve inútiles a las armas con una prensa hidráulica para luego destruirlas en actos públicos, según dio a conocer el sitio www.infojusnoticias.gov.ar.

Los datos fueron suministrados por el Renar y son el resultado de un plan de desarme nacional que, a cambio de un incentivo económico, busca reducir la cantidad de armamento en poder de los civiles y colaborar en la lucha contra la inseguridad.

La oficina local del Renar se encarga de recibir y destruir las armas y entregarles a los portadores un cheque que va de los 200 a los 600 pesos, dependiendo del modelo y el calibre. La recepción es anónima y a los propietarios no se los interroga sobre la procedencia de las mismas y mucho menos, si están registradas o no. En San Juan la oficina funciona junto a la Seccional Primera de Policía, en Alem antes de Rivadavia.

Para las autoridades se hace difícil hacer una lectura de lo que implican las cifras, teniendo en cuenta que es imposible saber cuántas armas de fuego hay en la provincia. De todos modos, el dato objetivo es que el cabo de seis años hay casi 1.700 menos entre los civiles, que pueden ser utilizadas para hechos delictivos.

En el momento de la entrega, se toma el número de serie del arma, tipo y calibre con el fin de cotejar estos datos con el registro existente. Las armas con procesos judiciales pendientes son separadas y quedan sujetas a los procesos administrativos correspondientes. Una vez entregadas, son inmediatamente inutilizadas, para luego ser destruidas en un acto público. El material resultante de la destrucción se funde y se dona a una entidad de bien público (ver aparte).

Al personal exonerado de las fuerzas seguridad se le decomisan las armas oficiales y se les niegan los permisos si quieren portar un arma nueva. Esta medida apunta a cortar el circuito por el cual los agentes exonerados de las fuerzas pasan a trabajar para agencias de seguridad privadas. En el mismo sentido, el Renar también decidió decomisar todas las armas en manos de procesados por delitos de lesa humanidad.

Según datos nacionales, las armas de fuego en manos de la sociedad civil generan muertos en accidentes y crímenes. En nuestro país, el 64% de los homicidios no son en ocasión de robo o delito sino como consecuencia de enfrentamientos entre familiares o vecinos, en situaciones de riña y de violencia de género. Y el 27% de los asesinatos son en la propia vivienda.

Además, en San Juan, el Ministerio de Gobierno impulsa el cumplimiento de una ley de desarme a través de la Justicia. Por nota, se les ha pedido a los jueces del fuero Penal que hagan un inventario de las armas secuestradas en las causas que tramitan y que las manden a eliminar.