Se demoró porque al menos uno de los sospechosos dijo que no tenía recursos para cubrir el monto de la fianza que les impuso el juez Maximiliano Blejman para no quedar presos, pero finalmente hoy comenzará la serie de indagatorias a los acusados. Se trata de Rubén Castro, que era el presidente, y Roberto Bazán, el extesorero de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), ambos complicados por una denuncia de haber cometido administración fraudulenta en la institución. Según fuentes judiciales, para hoy está previsto que declare el encargado de los fondos y mañana será el turno del extitular de la entidad. El trámite judicial es clave, porque le permitirá al magistrado decidir, junto con las pruebas recolectadas, si los procesa o los desvincula de la causa.
Ambos exdirectivos están sospechados de no haber manejado correctamente el dinero que tenían a su cargo como responsables del manejo de la Mutual, una institución con un pasado oscuro porque también trabajó en la entidad el ingeniero Raúl Félix Tellechea, desaparecido hace 11 años en medio de otro caso con sospechas por manejo poco claros de la plata de la institución.
El caso de Castro y Bazán saltó a la luz cuando en noviembre pasado, la nueva gestión que ganó las elecciones en la institución universitaria hizo una denuncia penal luego de una investigación que arrojó fuertes sospechas de manejo irregular de los recursos. La Mutual estaba fuertemente endeudada, por cifras que rondaban los 7 millones de pesos, de los cuales unos 5 millones correspondían a acreedores que no podían justificar qué servicios le prestaban a la entidad. Las sospechas consisten en que, al parecer, los exdirectivos recurrían a los servicios de prestamistas que proporcionaban dinero fresco para el funcionamiento de la institución, pero con un alto costo por las altas tasas de interés que cobraban.
Según fuentes de la Mutual, Castro y Bazán, después de varios años al frente de la organización, habrían quedado descolocados cuando perdieron las elecciones frente a una lista opositora encabezada por Omar Cereso quien, como primera medida, dispuso una auditoría para conocer en qué estado estaba la institución. Y ahí empezaron a saltar los problemas junto con acreedores que reclamaban deudas por fuertes sumas de dinero, pero que no eran los proveedores habituales de servicios.
Cuando la causa judicial fue avanzando, con el testimonio incluso de varios empleados, en agosto pasado Blejman, titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, citó a los exdirectivos para tomarles declaración indagatoria, y ambos solicitaron la eximición de prisión bajo caución juratoria para no quedar detenidos, es decir la promesa de presentarse cuando el magistrado lo requiera. Pero Blejman les fijó una caución real de 50.000 pesos, un monto que podían depositar en un banco oficial u ofrecer un bien como garantía. Pero al menos la defensa de Castro apeló la resolución argumentando que no tenía cómo cubrir ese monto, según dijeron fuentes de la causa. El trámite se demoró, porque incluso intervino la la Cámara de Apelaciones en lo Penal, y recién ahora el magistrado quedó en condiciones de citarlos para que digan su verdad sobre los hechos de los que se los acusan o se pueden abstener de declarar.
Como si fuera poco, después de la denuncia contra los exdirectivos, surgió que había un cobrador, Alberto Cortés, que también está bajo sospecha de haberse quedado con cobranzas a socios. Fue denunciado, estuvo preso, ya lo indagaron y el juez de la causa lo liberó (ver aparte).
La mutual universitaria es una institución que se nutre del aporte de sus socios, unos 1.800 en la actualidad, que tributan el 1,5 por ciento de sus sueldos y que, a cambio, pueden solicitar ayudas económicas y además cuentan con convenios con comercios adheridos para sacar artículos a crédito y pagarlos por intermedio del descuento en sus haberes. También tiene un camping en la Ruta 40.