La presidenta Cristina Fernández anunció que el Club de París, con el que el país mantiene una deuda de 7715 millones de dólares, accedió a la condición de la Argentina de negociar sin mediación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que exigía revisar nuestra economía. De este modo, el país podría anunciar el año próximo el levantamiento total del default.

El denominado Club de París no cuenta con una estructura permanente, sino que es un "grupo informal” de países acreedores que considera de manera conjunta el tratamiento de los deudores. Este grupo se constituyó el 16 de mayo de 1956, cuando once países acreedores resolvieron refinanciar, precisamente, la deuda argentina. Con términos contundentes pero sin perder el espíritu diplomático, días pasados el Club reiteró lo que venía expresado: Argentina debe pagar si quiere volver a tener acceso al crédito de largo plazo.

El Club de París responde a una lógica diferente que el FMI o el Banco Mundial, ya que cada país que lo integra tiene el mismo peso y todos deben estar de acuerdo con la propuesta de los deudores. La decisión de la Presidenta debería significar una mejora en las expectativas por parte de los inversores, si el anuncio se transforma en realidad. Por sobre cualquier cambio concreto, se trata de una señal de racionalidad por parte del Gobierno, tal como solicitaban los empresarios y los mercados, junto con una lucha más frontal contra la inflación y el más improbable sinceramiento de las estadísticas del INDEC.

También despeja en principio el temor de una profundización del modelo de confrontación, más allá de que la Presidenta haya presentado el anuncio como una victoria porque marginó al FMI. En el corto plazo, seguramente deberían subir los bonos argentinos y redoblarse el interés de los inversores financieros, atraídos por las atractivas tasas de interés que ofrece la Argentina, frente a los muy bajos rendimientos del resto del mundo. Luego, una vez que se hagan realidad los pasos concretos del pago, esto podría significar que los países acreedores comiencen a considerar la decisión de aportar garantías para que lleguen al país inversiones de más largo plazo.

Esto, tal vez no se concretará en los próximos meses, pero sería una señal valiosa para el oficialismo en vista a las elecciones de octubre del año próximo.