Seguramente como parte de un libreto del gobierno ecuatoriano o al menos por agradecimiento al asilo que le extendió Rafael Correa en agosto último, después de que se refugió en junio en suelo ecuatoriano, el discurso de Assange estuvo más dirigido a pegarle a EEUU que a defenderse de las acusaciones de agresión sexual que le imputa la fiscalía de Suecia.
De esa forma, Assange habló de que Ecuador debe cuidarse de que Washington no intervenga en su economía ni en las elecciones presidenciales de febrero próximo, para luego prometer que, con renovada fuerza, WikiLeaks seguirá en 2013 con su derrotero de publicar miles de informes secretos de los gobiernos. (Seguramente ninguno del gobierno ecuatoriano).
Pero hasta aquí, Assange habló de EEUU y de su caso, lo que claramente tiene derecho a hacerlo, y aunque habló de la libertad en Internet, omitió hablar del tema, en especial de un problema que ha pasado bastante desapercibido para el periodismo y para el público y que tiene que ver con los efectos negativos para la libertad en Internet, no de Assange, sino del resto de los mortales.
En la reciente cumbre de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, la mayoría de los 193 gobiernos integrantes de la ONU firmaron un protocolo que posibilitará imponer cortapisas a la libertad de sus ciudadanos para navegar, buscar y distribuir información en Internet.
El nuevo tratado, impulsado por regímenes autoritarios como Rusia, China, varios países árabes y muchos africanos, entrará en vigencia en 2015. Y aunque muchos crean que quienes vivimos en países libres no seremos afectados por las próximas políticas en contra del libre acceso a Internet, sí los estaremos por cuanto muchas veces chocaremos con búsquedas y distribución de información en y a través de los países oprimidos.
La nueva resolución sobre la web, en nombre de la soberanía nacional, les dará el poder a los gobiernos a limitar el uso de Internet, bloquearlo y a encarcelar internautas. Assange no dijo nada sobre este tema.
El nuevo presidente de México, el priista Enrique Peña Nieto, tiene nuevos bríos para enfrentar al crimen organizado. En una presentación de la nueva Política de Estado por la Seguridad y la Justicia de los Mexicanos, dijo que su plan consta de seis partes y que dividirá al país en cinco regiones, con la idea de reducir la violencia, y recuperar la paz y la tranquilidad. No faltaron las críticas al período anterior de Felipe Calderón, en el que murieron más de 70.000 mexicanos.
De lo que Peña Nieto no habló es de lo que está desgarrando al país, la corrupción y la impunidad, responsables de que el 70% de los mexicanos se sienta inseguro. Solo habló de un contexto ideal, como si el malo fuera el crimen organizado y el bueno el Estado, sin reconocer que todo eso está muy confundido. Por ejemplo, algunas gobernaciones y cientos de localidades están coludidas por el narcotráfico, mientras que una veintena de legisladores en el período anterior, asumieron sospechados de estar patrocinados por los narcos.
La justicia mexicana es una de las más ineficientes de América latina con índices de impunidad que sobrepasan el 90%. Un factor que contribuye en gran medida a la alta corrupción: puesto 105 de 174 países en el índice de corrupción de Amnistía Internacional. Sería importante que en esta lucha, Peña Nieto advirtiera que al enemigo también hay que combatirlo desde adentro, donde es mucho más peligroso.