La Cámara de Diputados aprobó ayer con 194 votos a favor y sólo 5 en contra el proyecto de ley que amplía la figura del arrepentido para casos de corrupción, por el cual las personas que brinden información veraz para esclarecer este tipo de delitos contra el erario público podrán acceder a una reducción en las penas, aunque no a la extinción de las condenas.
Y entrada la noche, los legisladores comenzaron el debate para votar el proyecto de ‘extinción de dominio’ para que el Estado recupere aquellos bienes conseguidos a través de actos delictivos.
Ambas iniciativas tomaron vuelo propio a partir del escándalo protagonizado por el exsecretario de Obras Públicas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, José Francisco López, sorprendido por la policía cuando intentaba ocultar bolsos con casi 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.
El tratamiento del proyecto que otorga herramientas para que la justicia pueda combatir con mayor eficacia la corrupción se trató tras la aprobación de la resolución que autoriza a la justicia a realizar los allanamientos a domicilios u oficinas del diputado Julio De Vido (ver página 15).
El dictamen de mayoría fue aprobado con un alto grado de consenso ya que estuvo respaldado por todos los bloques, con excepción de la izquierda.
El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, quien señaló que ‘estamos brindando a la justicia una herramienta que si bien ya existía, no incluía los delitos de corrupción‘ y dijo que espera que se pueda hacer ‘una lucha eficiente contra la corrupción que arrasó al país‘.
Burgos condenó que ‘se hayan llevado a su casa la plata que correspondían a las rutas que no se hicieron ni se arreglaron que significan miles de muertes por año en accidentes viales, a los hospitales que no cuentan con el equipamiento necesario ni los remedios que las personas necesitan, en este sentido la ola de sabotaje de los caudales del estado le costaron la vida a muchos argentinos‘.
En tanto, el presidente de la comisión de Seguridad Interior, Luis Petri, dijo que con este proyecto se aspira a ‘lograr las investigaciones judiciales lleguen a las máximas consecuencias’.
Desde la oposición, el diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade, anticipó que esa bancada ‘votará a favor en general del proyecto porque se han incluido modificaciones que hemos planteado‘, como ‘la eliminar la anulación de la pena del arrepentido‘. En tanto, la diputada massista Mónica Litza reivindicó el proyecto pero pidió al gobierno que tome las medidas para ‘resguardar la seguridad del arrepentido‘.
La iniciativa establece, entre otras cuestiones, la reducción en un tercio del mínimo y la mitad del máximo de la pena que se trate para aquellos que ‘contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos‘ pero no la extinción de las penas. El texto aclara que podrán ingresar todos los funcionarios públicos, salvo los que están sujetos a juicio político, contemplados en la Constitución. El beneficio podrá ser aplicado tanto para delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o materias primas para su producción o fabricación, así como casos de asociaciones ilícitas y corrupción.
Respecto del arrepentido falaz, la ley establece una pena de prisión de cuatro a diez años, por proporcionar información falsa o inexacta.