Con modificaciones menores, el Frente para la Victoria (FpV) obtuvo anoche dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara de Diputados del proyecto oficialista que regula la responsabilidad del Estado.

En un trámite veloz, el kirchnerismo consiguió las firmas para avanzar con la ley, que se conecta con la reforma del Código Civil que hoy tendría dictamen de la bicameral de seguimiento, que piensa lleva al recinto el 27 de noviembre.

La oposición, en tanto, presentó dictámenes en minoría, por separado: uno del radicalismo, otro del PRO, otro el Frente Progresista Cívico y Social. También presentaron la diputada de Unidad Popular Liliana Parada, sus colegas Elisa Carrió y Jorge Yoma; mientras la peronista disidente Graciela Camaño firmó otro dictamen en rechazo de la ley.

Entre los cambios implementados se encuentran: la ampliación de los plazos para demandar al Estado de dos a tres años (pedida por el radicalismo); otro referido a que el Estado no puede ser considerado empleador (impulsado por Parada); y se modificó la figura de ‘culpa‘ por ‘dolo‘ para las acciones o inacciones de funcionarios o agentes estatales que ocasionen daños.

Por la mañana, oposición y oficialismo no alcanzaron acuerdo y acordaron pasar a un cuarto intermedio. El proyecto para regular la responsabilidad del Estado ingresó la semana pasada a Diputados y la intención del oficialismo es tratarla ‘en forma concordante‘ con el nuevo código Civil y Comercial.

La oposición coincidió en sostener que la responsabilidad del Estado tiene que formar parte del cuerpo del nuevo Código Civil. Elisa Carrió (CC-UNEN) concluyó que ‘todo sujeto tiene derecho a la reparación integral, no pueden limitarse los daños‘. Graciela Gianetassio (FpV) explicó que la posición del oficialismo es que la relación del Estado con los particulares ‘no se rige por el código común que rige la relación entre pares‘ y apuntó que ‘el derecho administrativo es el que se para frente al Estado para evitar abusos‘ y se litiga en el fuero contencioso-administrativo y no en el civil.

La macrista Laura Alonso apuntó que el proyecto del oficialismo ‘prevé eliminar las multas, para el Estado y los funcionarios‘ con lo que estaría discriminando ‘a particulares que según el Código Civil son pasibles de multas pecuniarias estableciendo un régimen de privilegios para el Estado y su funcionariado‘.

Fuente: DyN