“Si yo hubiera sabido lo que estaba pasando lo paraba ahí nomás”, dijo ayer el diputado José Amadeo Soria. Él era el intendente de Rivadavia en el 2002, cuando una investigación del Tribunal de Cuentas detectó que había irregularidades con la entrega de las ayudas sociales que hacían los concejales. Por ese tema hay una causa judicial en la que están procesados los 8 exconcejales del departamento, que el martes debían ir a juicio oral y público. Pero acordaron con la Fiscalía un juicio abreviado, que implica reconocer la responsabilidad a cambio de una condena menor, aunque dos de los exediles desistieron y ahora la decisión es de los miembros de la Sala III de la Cámara Penal.

“Nunca hubo una advertencia ni oral ni escrita de lo que estaba pasando”, sostuvo Soria. Y agregó que ahora habrá que esperar lo que pase en el juicio.

El legislador se mostró cauto y prefirió no responder a más preguntas. “Hay que esperar lo que se decida en el juicio, es lo mejor”, dijo.

En el caso de que el juicio oral y público se lleve adelante, Soria será uno de los testigos a los que les tocará declarar porque por aquel entonces era el jefe del Ejecutivo municipal, aunque en la investigación no se determinó que haya tenido responsabilidad.

En noviembre del 2001 el Concejo Deliberante de Rivadavia, que presidía el bloquista Carlos Reinoso, aprobó una partida de 20.000 pesos mensuales para que los concejales hicieron ayudas sociales para atender, por ejemplo, a las numerosas personas que por aquella época iban a pedir dinero para pagar remedios o la boleta de la luz. El sistema de rendición era a través de una planilla que llevaba cada edil en la que figuraba el nombre del beneficiario, la fecha, el importe, el DNI y la firma. Pero una investigación del Tribunal de Cuentas encontró que había personas que aparecían en más de una planilla, pero con firmas diferentes, o que figuraban con distinto DNI.

Después intervino la Justicia y los ex concejales, que además de Reinoso son Nicolás Tejada, Juana Guerrero, Lidia Zárate, José Páez, Isidro Díaz, Oscar Ruz y Cristóbal Liuzzi, fueron llevados a juicio. El inicio del debate estaba fijado para el martes pasado, pero acordaron con la Fiscalía un juicio abreviado, al que después desistieron 2 de los involucrados, Reinoso y Guerrero. Fue porque pidieron la suspensión del juicio a prueba a cambio de realizar tareas comunitarias. La Cámara Penal debe decidir ahora cómo sigue el trámite. Puede suceder que haya tareas comunitarias para 2 y juicio oral y público para el resto o que todos vayan al juicio ordinario.

Si bien en el 2002 había un sistema oficial de ayudas con una partida mensual que figuraba en el presupuesto municipal, después los aportes desaparecieron.

Según la presidenta del Concejo Deliberante de Rivadavia, Adriana Catraro, ahora no hay una partida fija para ayudas, aunque apoyan con dinero por casos puntuales, por ejemplo por razones de enfermedad. “Seguimos ayudando a la gente cuando lo necesita, pero no hay una partida en el presupuesto”, dijo la concejal.