La socialista Michelle Bachelet asumirá mañana el nuevo mandato presidencial de Chile, país al que gobernó entre 2006 y 2010 con méritos que le valieron este segundo período gracias a la preferencia de un electorado atraído por las promesas de implementar un ambicioso programa para poner fin a la profunda desigualdad social que sufre la nación trasandina.

Si bien la nueva mandataria dispone ahora de un respaldo político mucho más amplio para introducir los cambios sustanciales que pretende -incluyendo mayoría parlamentaria-, la situación en Chile difiere en muchos aspectos en relación con la gestión anterior de Bachelet. El desafío se plantea en el plano socioeconómico, ante una ciudadanía que ha cambiado su perfil en la forma de reclamar por sus derechos básicos de manera activa. Lo prueban las numerosas movilizaciones callejeras, prácticamente inexistentes durante el primer mandato, hasta el giro popular que debió soportar Sebastián Piñera.

El nuevo período constitucional en Chile también tiene connotaciones históricas porque por primera vez, desde el régimen militar y durante las administraciones de la Concertación que sucedieron al pinochetismo, un gobierno se dispone a introducir cambios sustanciales en el modelo neoliberal que produjo un notable despegue económico con tasas de crecimiento superiores al 5% anual, una baja inflación (0,5% en febrero) y un desempleo que ronda el 6%, cifras envidiables si las comparamos con las de nuestro país, pero que alarman a los chilenos porque pretendían mejores índices.

Pero la pobreza y la desigualdad siguen pendientes y a solucionar estos problemas crónicos apunta la gestión que iniciará Bachelet, apoyada por una coalición integrada por partidos como la Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, entre otros, que vienen acompañando a los nuevos movimientos sociales surgidos en los últimos cuatro años, desde estudiantes a ecologistas, que han movilizado también a pobladores de regiones aisladas y hasta de pueblos originarios.

No es fácil otorgar educación universal gratuita y mejorar el sistema previsional y de salud, si los costos los afrontarán las empresas y los sectores pudientes con mayores impuestos, con el riesgo de ahondar la brecha social que Bachelet quiere eliminar.