Un mecánico terminó el domingo con un balazo que le atravesó el costado derecho del abdomen al ser agredido por 2 sujetos en su casa de Capital. El caso es confuso porque en el entorno de la víctima hablan de un robo, pero una versión judicial indica que fue baleado como consecuencia de las denuncias que realizó en la Justicia Federal al pedir mejores condiciones de encierro para su hijo (procesado por trata de personas y abuso sexual), luego de que sufriera dos ataques en el Penal de Chimbas y la Central de Policía.
El herido es Federico Cecilio Fernández Gizzi (55) e ingresó el domingo a las 23.45 al Hospital Rawson tras ser agredido en la puerta de su casa de avenida España, al Sur de 9 de Julio, Capital. Según fuentes judiciales, los sujetos le dijeron el hombre que lo atacaron a raíz de las denuncias que hizo por las golpizas contra su hijo.
Tras ser asistido, el mecánico fue despachado debido a que el plomo no alcanzó a lesionarle ningún órgano vital. Ayer este diario trató de obtener una declaración suya, pero se negó a hablar y uno de sus hijos insistió en la versión del robo.
Fernández es padre de Federico Elías Fernández (29), quien está preso desde el 9 de mayo de 2012 por la supuesta explotación sexual de su propia cuñada de 14 años y por un caso de abuso sexual contra otro familiar. Su papá había denunciado que el joven sufrió una grave lesión en el cráneo al ser atacado a golpes y puntazos por 3 reos en un pabellón federal, el 23 de junio último, y que no recibió la asistencia médica adecuada. Antes de ese ataque, el mecánico había sufrido aprietes y hasta robos por parte de supuestos penitenciarios.
Y fue por un planteo de hábeas corpus que el joven pasó a la Central de Policía por orden del juez Leopoldo Rago Gallo. La versión que dio el mecánico en la justicia federal, indica que el 31 de octubre pasado, dos supuestos policías de civil lo golpearon en su celda y le quebraron el peroné derecho.
Fernández denunció que su hijo le explicó como pudo (quedó con problemas para hablar) que si acusaban a los policías le iban a quebrar la otra pierna; que desde hace 3 meses en la Central no recibía atención médica ni psiquiátrica adecuada y apuntó al Quinto Juzgado de Instrucción, a cuyos responsables acusó de dejar a su hijo ‘librado a su suerte’, señalaron fuentes del caso.
A raíz de estos hechos, la fiscal federal Ana Katya Troncoso y el defensor público oficial Horacio Garcete, con el asesoramiento de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), interpusieron un habeas corpus ante el juez federal Leopoldo Rago Gallo solicitando que el joven sea trasladado para una mejor atención a un centro de salud. Pero el juez se declaró incompetente y elevó la causa a la Cámara Federal de Mendoza, quien deberá resolver.