En la Argentina de la bonanza, un gobierno justicialista popularizó el eslogan "los únicos privilegiados son los niños". Desde aquella época al presente, nuestra niñez por obra y gracia, de gobiernos del mismo signo político, en su mayoría, cayeron en la pobreza y la indigencia. Por eso es que esta reparación histórica de la implementación del ingreso universal por hijo es bienvenida, aunque sin duda resultará perjudicial para los jubilados presentes y sobre todo a los que aspiran en un futuro a jubilarse. En efecto, el 80 % del monto asignado a la infancia ($ 180 mensuales) pertenece a la Anses. Vale decir, que el gobierno ha desvestido a un santo para vestir a otro. Esto es lisa y llanamente una malversación de fondos. Los aportes de los jubilados deben ser sagrados.

Si bien es cierto que la asignación de dicho monto destinado a los menores de 18 años es una medida plausible, el gobierno debe ser estricto en la contraprestación y exigir una educación escolarizada de los niños y adolescentes que cuente con el debido control estatal. Urge en consecuencia, incluir a los niños y adolescentes más pobres en el sistema educativo, incorporar a los que nunca han ingresado, retener en la escuela a los que asisten, reinsertar a aquellos que se han ido y mejorar la calidad educativa de todos, con docentes debidamente capacitados que apliquen las medidas disciplinarias que correspondan a los niños socialmente inadaptados, sin temer ser sancionados por la autoridad escolar de turno.

Nuestro país necesita igualdad en el acceso al sistema educativo para formar ciudadanos útiles, conscientes de sus derechos y obligaciones que no dependan del clientelismo corrupto al cual es propenso el gobierno de turno y que beneficia más a los piqueteros que a los propios indigentes. Por otra parte, el control de los fondos debe beneficiar a sus destinatarios. Es decir, que lo cobren los padres que no perciban, ninguna otra asignación del Estado.

Tal como lo reconoció la presidenta de la Nación se trata de un mero paliativo, pues lo que la ciudadanía espera ansiosamente es el pleno empleo, cuyo salario honre y dignifique a quien lo obtenga.

La pobreza es funcional al analfabetismo y contribuye a excluir a los niños de las oportunidades a las que tienen legítimo derecho, que impiden el desarrollo de talentos y competencias.

Por otra parte, pese a los intentos de mejorar la educación, en nuestro país no existen ámbitos de educabilidad. Para obtenerla se requieren condiciones mínimas de salud, y alimentación. Por eso es que esta medida para que sea realmente efectiva debe contemplar las múltiples causas que originan la pobreza y la ignorancia.

Sin políticas de educación y de pleno empleo, la pobreza seguirá vigente y solo beneficiará a los políticos que viven de ella, alimentando sus ansias de perpetuarse en el poder.

Para salir del circulo vicioso del subdesarrollo: (pobreza-falta de educación-pobreza), hace falta una ciudadanía con educación cívica, que sepa elegir a dirigentes de probada trayectoria social en el ejercicio del bien común.