La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley la propuesta para otorgar por única vez una indemnización a las víctimas del atentado a la AMIA y el resarcimiento a ex trabajadores de YPF. La ley por la AMIA dispone un beneficio extraordinario, por única vez, para ‘los herederos o derechohabientes‘ de las 85 personas fallecidas (que según cálculos oficiales alcanzaría 1.480.000 pesos para la familia de cada fallecido) y las más de 150 que resultaron heridas. Implicará un gasto máximo para el Estado de $350 millones. Asimismo, establece un rango de una indemnización, por muerte, equivalente a la ‘remuneración mensual de los agentes nivel A, Grado 0, del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), por el coeficiente 100‘, y para el caso de lesiones gravísimas, la reparación será ‘un 30% menor‘ y, para las lesiones graves, un 40%. El resarcimiento para ex trabajadores de YPF que no fueron incluidos en el Programa de Propiedad Participada, implementado tras la privatización de la petrolera en los ’90 alcanza a 36 mil exagentes y dispone la entrega de 956 acciones de la empresa.
