Gran expectativa se había generado en la provincia entorno a la visita del ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, y un hipotético anuncio sobre avances en el acuerdo que regulariza la situación laboral de los trabajadores temporarios o golondrinas que en cada cosecha se cuentan por miles en la provincia. Sin embargo, el funcionario nacional sólo atinó a decir que "San Juan es la prioridad" para firmar el acuerdo de Corresponsabilidad Gremial pero no arriesgó ninguna fecha para que se firme. En cambio, sí aseguró que evalúan que la Nación haga un aporte económico para suplir la diferencia en concepto de aportes y contribuciones sociales, que deben acordar entre empresarios y gremios, y la cual hoy es una traba.
"Hemos logrado poner en marcha los dos primeros acuerdos de corresponsabilidad en la provincia del Chaco, con el tabaco y con el tema forestal. No tenemos fecha para firmarlo pero San Juan es la prioridad para poner el acuerdo de Corresponsabilidad en marcha". Con esta frase se despachó ayer Carlos Tomada, luego de abrir en la provincia las Jornadas de Empleo Decente y Producción Sostenible en Cuyo.
El tan mentado acuerdo que beneficia a unos 40.000 trabajadores temporarios -y que se anunció hace más de un año en Casa de Gobierno- que en cada temporada estival trabajan en la provincia en la cosecha sigue sin ver la luz. La intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación es clave para poder destrabar la firma del acuerdo porque la piedra en el camino que frena la rúbrica es en cuanto al monto que deben aportar los empresarios en concepto de aportes y contribuciones sociales. Hasta el momento, los representantes de las cámaras productivas pusieron en $350 el tope de cifra sustitutiva que abonarían, claro que al menos para cubrir todo el abanico de aportes sociales ese monto debería llegar a $668. Esa diferencia -$318- es la que aportaría el gobierno nacional a través de un "aporte solidario".
La ley de Corresponsabilidad Gremial es el brazo ejecutor para el blanqueo de los golondrinas. Es una norma que fue reglamentada en el 2008 y que tiene como finalidad que las partes que intervienen en el trabajo rural puedan acordar la forma en que logren formalizar la relación empleador-obrero. Es decir, que el mayor beneficio con el que se encuentran los empresarios es que pueden pagar los aporte sociales cuando hayan vendido su cosecha y recién ahí se les debita ese importe. Sin embargo, el sector gremial apunta a que la patronal lo único que busca es pagar menos de lo que le corresponde. En esa disyuntiva, está la traba y así las cosas, todo indica que será al menos difícil que las partes lleguen a un acuerdo antes de que se inicie la temporada fuerte de cosecha.