La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció ayer un nuevo programa social para asistir a unas 17 millones de personas que siguen en la miseria y ajenas a las mejoras sociales y económicas que tuvo el país durante las últimas dos décadas. La presidenta aseguró que el objetivo es eliminar la miseria de Brasil para el 2014.
Brasil sin Miseria, se trata de una ampliación de las políticas practicadas por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante 8 años de gobierno, en los que 28 millones de brasileños salieron de la pobreza y 36 millones llegaron a la clase media, según los datos oficiales.
‘Debemos gritar que la miseria aún existe‘ en Brasil, declaró la jefa de Estado al presentar el programa. Estas palabras sonaron un poco en contramano de muchos deslumbrados con las altas tasas de crecimiento y de inclusión social que el país ha tenido en los últimos años.
“Mientras discutimos millones de brasileños se mueren de hambre”, afirmó Rousseff, quien pidió un compromiso “serio” con las 16,2 millones de personas que, según el último censo, viven en Brasil con menos de 70 reales (Unos 180 pesos argentino) por mes.
Esos excluidos representan el 8,5% de la población y están fuera del llamado Bolsa Familia, un plan asistencial que subsidia a unas 13 millones de familias, que para acceder a ese apoyo deben mantener a sus niños en la escuela.
La ministra de Desarrollo Social, Tereza Campello, explicó los detalles del plan y subrayó la “dimensión titánica” de un proyecto dirigido a “personas que viven en condiciones precarias” y entre las que hay unos 150.000 ancianos. Entre muchos datos, indicó que el 55% de la masa de pobres que se pretende asistir reside en el campo, por lo que los planes de agricultura familiar tendrán un refuerzo adicional.
También se profundizarán programas de infraestructura para llevar agua potable y para el riego a unas 750.000 familias de pequeños agricultores que todavía no tienen acceso directo a “un elemento tan elemental y básico”, reconoció Campello.
La inclusión de esas personas se dará a través del llamado Programa Nacional de Adquisición de Alimentos, mediante el cual el Gobierno adquiere parte de la producción de 60.000 familias de pequeños agricultores y la distribuye en escuelas y comedores populares. De ese modo, el número de familias campesinas incluidas en ese plan de compra de alimentos pasará a 250.000 y el Gobierno promoverá además su entrada al circuito privado, a través de acuerdos con redes de supermercados.
Para el caso de los pequeños agricultores que viven en la región amazónica, habrá un beneficio adicional bautizado como “Bolsa Verde”, que supondrá subsidios de 300 reales (188 dólares) para las familias que produzcan alimentos con técnicas de preservación medioambiental.
En los centros urbanos, el plan se propone masificar la enseñanza técnica y de oficios de gran demanda, como lo relacionados a la industria de la construcción. También serán ampliadas las redes de comedores populares y las iniciativas de la llamada “economía solidaria” y se expandirá el microcrédito, a fin de dar más empuje a la pequeña industria.
No obstante, en las áreas urbanas el mayor desafío pasará por la identificación y localización de esos pobres, que en la mayoría de los grandes ciudades están a la vista de todos pero no existen en los registros oficiales.