Un dictamen que crea el Plan Integral contra las adicciones fue aprobado la semana pasada en una reunión conjunta de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico, Acción Social Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados.
El proyecto de ley presentado por el diputado de La Cámpora, Horacio Pietragalla Corti impulsa un plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos, que dispone elementos preventivos, asistenciales y de inclusión social para personas afectadas por cualquier tipo de adicción.
El plan tiene como objetivos prevenir los consumos problemáticos mediante la acción directa del Estado; asegurar la asistencia integral y gratuita para las personas que la requieran por esta problemática y disponer las herramientas laborales y educativas adecuadas para la contención social de los recuperados.
En cuanto a lo preventivo, el proyecto crea los Centros de Prevención Comunitaria, que estarán diseminados prioritariamente en los barrios más vulnerables de cada provincia.
Estos centros podrán adherirse a otros espacios nacionales o provinciales que ya funcionan en los territorios.
Los centros tendrán la misión de orientar a los consumidores sobre las herramientas de inclusión del plan, actuar como referencia para familiares y amigos, derivar a las personas que requieran asistencia médica, promover la integración de las posibles víctimas de consumos con las instituciones culturales y deportivas que ya funcionan en los territorios y cualquier otra actividad tendiente a la prevención de estos consumos.
En cuanto a la asistencia, el proyecto asegura el tratamiento médico integral gratuito para quienes lo requieran, ya sea desde el sistema de salud público, como también a través de las obras sociales y prepagas, al incorporar el tratamiento de los consumos problemáticos al Plan Médico Obligatorio.
También, en consonancia con la sancionada ley de Salud Mental, se garantizan los derechos de los pacientes, se priorizan las terapias ambulatorias, se restringe al máximo las internaciones involuntarias y se promueve la atención en hospitales generales, profundizando la tendencia a la desmanicomialización.
Asimismo, se autorizan terapias de reducción de daños, se obliga a los centros de salud a disponer camas para los casos en donde se requiera internación por consumos problemáticos graves y se crea un registro de efectores privados, que confeccionará la autoridad de aplicación bajo estrictas pautas de atención.
Por último, el plan contiene herramientas para la inclusión educativa y laboral de las personas con alta vulnerabilidad social que se encuentren recuperadas de algún consumo problemático o en vías de recuperación.
En ese sentido, se dispone el otorgamiento de becas para los jóvenes que se reinserten en el sistema educativo, con tutores y espacios puente para su contención y retención en el sistema; y se contempla la incorporación de los mayores a los planes laborales que ya se encuentran vigentes, con capacitación para su adecuada inserción laboral.
En definitiva, con este proyecto se trata de un cambio de paradigma que deja de tratar al adicto como un delincuente para pasar a otro que lo considere como una persona sujeto de derechos, como el derecho a la salud, a la educación y al trabajo. Fuente (Télam)