Fiscales generales de todo el país plantearon ayer al ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, que quieren que cada provincia tenga su propio organismo de intervención de teléfonos en causas judiciales y que no todo quede concentrado en la Procuración General de la Nación.
Ante la propuesta presidencial de reforma de la Secretaría de Inteligencia (SI), el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal pidieron una reunión con Alak que se concretó ayer, informaron fuentes judiciales a DyN.
Esos dos organismos -que reúnen a los procuradores y fiscales generales de todas las provincias del país- le entregaron a Alak una nota que, al mismo tiempo, hicieron llegar a los presidentes de los bloques del Senado, donde ayer se comenzó a debatir la reforma a la SI.
Según el proyecto original, el nuevo organismo de inteligencia dejará de encargarse de las escuchas judiciales que hasta el momento llevaba adelante la división conocida como ‘Ojota‘. ‘Estamos de acuerdo que las escuchas en las causas federales y nacionales estén a cargo de la Procuración General de la Nación pero en las causas de competencia provincial entendemos que las escuchas tienen que estar al frente de las procuraciones provinciales‘, le dijo a DyN Eduardo Quattropani, fiscal general de San Juan y presidente del Consejo Federal de Política Criminal.
Quattropani sostuvo que así buscan asegurar la autonomía de cada provincia, lo que está consagrado en el artículo 5 de la Constitución Nacional que fija que cada una ‘asegure su administración de Justicia‘. Quattropani explicó que la propuesta de ambos Consejos es que cada provincia determine qué organismo debe estar a cargo de las escuchas. ‘Igual creemos que debe ser el Ministerio Público porque es el que lleva las investigaciones judiciales‘, señaló.