La causa donde se investiga una presunta estafa millonaria a la Caja Previsional de los Médicos, Odontólogos y Bioquímicos (MOB) quedó estancada en la Cámara Penal. Hace casi 2 años que los miembros de la Sala I recibieron los recursos de apelación de los cuatro procesados y todavía no se expiden, por lo que el proceso para determinar qué pasó no puede continuar. En Tribunales aseguraron que “es una barbaridad” el tiempo transcurrido y lo peor de todo es que no hubo ningún incidente procesal que ayude a justificar la demora.

El escándalo de la Caja MOB tuvo una fuerte repercusión pública y salió a la luz en agosto de 2013, cuando se supo de una denuncia que presentó la conducción para que se investigara si la entidad fue víctima de una estafa. Pasa que la anterior administración compró en 2011 un inmueble obsoleto en Santa Lucía por 1.300.000 dólares, cuando en realidad sus dueños pedían y cobraron sólo 260 mil dólares.

El juez del caso, Maximiliano Blejman, avanzó rápido en la investigación y un mes más tarde procesó a los principales implicados. Se trata del odontólogo Luis Minin, al médico Víctor Fernández, el operador inmobiliario Walter Orellano y la escribana Isabel Carchano, las cuatro personas que articularon la operación y que supuestamente se quedaron con la diferencia entre lo que pagó la entidad y lo que percibieron los propietarios, es decir 1.040.000 de dólares.

Con la intención de dar vuelta el fallo de Blejman, los procesados apelaron ante la Sala I de la Cámara Penal que conforman Silvia Peña, Juan Carlos Caballero Vidal (h) y Raúl Iglesias. Y a pesar de que los planteos ingresaron hace 20 meses, los camaristas aún no deciden si les hacen lugar o no.

Para peor, según fuentes calificadas, ni siquiera está listo el primer voto que le toca a Iglesias. Después de él, habrá que esperar vaya a saber cuánto tiempo para que opinen los otros dos camaristas y se conozca si el procesamiento es confirmado o si los imputados son sobreseídos o beneficiados con una falta de mérito.

En el palacio de Justicia afirmaron que una resolución de ese tipo no debería llevar más de 4 ó 5 meses, de acuerdo a la complejidad del caso. Fundamentalmente porque los camaristas no tienen que investigar ni producir pruebas, como sí se hace en primera instancia.

Los miembros de la Sala I no son los únicos que tardan más de la cuenta y ante cada situación similar, los jueces explican que por la falta de recursos no tienen otra que priorizar los casos con detenidos y los juicios orales. Pero en este caso pasó cuatro veces más de lo que se considera un tiempo razonable y nada. Encima, el proceso no se vio retrasado por alguna recusación que obligara a constituir un nuevo tribunal.

Hay derechos fundamentales que la Justicia debe garantizar, como que el denunciante tenga respuesta en un tiempo oportuno y que los imputados no sean sometidos por mucho tiempo a una situación procesal indefinida. A juzgar por la evidencia de los hechos, la conducta de la Sala I no hace más que atentar contra los mismos y sumar a la estadística que alimenta la eterna polémica por la falta de efectividad del aparato judicial y sus plazos para resolver.