Recordemos que como resultado del incidente ambiental ocurrido en septiembre pasado intervino legítimamente el juez competente de Jáchal, Pablo Oritja, quien con celeridad procesó por el incumplimiento de las normas establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental a 9 funcionarios de MAGSA por delitos encuadrados en la Ley del Ambiente. Por la misma razón, la provincia dictó un acto administrativo por el cual multó a la compañía por $145 millones, hecho que no fue recurrido por Barrick. En teoría jurídica, ahí debería terminar la historia una vez que los inculpados concluyeran con la etapa oral del juicio. No obstante el juez Federal Sebastián Casanello, apodado ‘tortuga‘ por la lentitud en avanzar en causas de corrupción que obran en su despacho, ha tomado impropiamente parte en el asunto con la excusa inicial de verificar eventual incumplimiento de deber de controlar a aquellos funcionarios nacionales que otorgaron en su momento los permisos de transporte y tratamiento de residuos peligrosos. Es importante destacar que el cianuro no es un residuo sino una sustancia peligrosa por lo que no cabría en esto tampoco la intervención del juez. ¿Qué tiene que ver esa eventual falta que involucraría a empleados que otorgaron permisos y residen, como el juez, en Buenos Aires con inspeccionar el desarrollo de un proceso minero extractivo? Nada, de ahí nuestra conclusión inicial de un prejuicio que queda claramente demostrado cuando Casanello, antes de avanzar en una investigación, dispuso recientemente el reparto de agua y otros elementos suponiendo de arranque que hubo contaminación en Jáchal, algo que él no ha comprobado en el expediente. Pasar de una causa contra personas a otra que requiera inspeccionar por inexpertos (gran parte abogados) un yacimiento en plena explotación, es la nota que habilita la duda sobre su imparcialidad reconocida por los litigantes cuando incurrieron en lo que se denomina un ‘forum shopping‘ es decir, la búsqueda de un juzgado que se calcula fallaría a favor de sus pretensiones. Como se ha comentado en otras ocasiones, lo único que habilita la intervención de la justicia Federal es la constatación de un daño interjurisdiccional, aunque en ese caso, tampoco tendría que ver este juez que opera en la interna del PJ para que Gioja no lo presida, vinculado como está al sector más rancio del poder que se fue. Debería intervenir el juez Federal con asiento en San Juan. El juez Oritja, ante el hecho de haber causas similares en dos oficinas distintas planteó un incidente para la declinación de esta ‘tortuga‘ que para esta causa parece Aquiles por su velocidad, expediente que obra por el momento en manos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Procuradora Gils Carbó, adonde llegó por envío de la Corte Suprema de Justicia. Visto que Casanello permitió que los grupos informales (no están constituidos como ONG u otra forma legal) Jáchal no se toca y Abogados Ambientalistas de la Patagonia (?) se constituyeran en parte querellante sin haber sido afectados, estos pidieron un recurso de amparo ‘preventivo‘ para que se ordene la paralización de todas las actividades de Veladero para dejar sin trabajo a miles de empleados y a la provincia privada de importantes recursos. Como resultado, el juez de nuestro relato avanzó en la formación de una comisión que no incluye expertos sino a los mismos querellantes, entre los cuales la gran mayoría son abogados que carecen de formación específica para entender la articulación compleja de una actividad multidisciplinaria como es la extracción de metales. No corrió vista a la acusada y desvió el objeto original de su intervención que se autolimitaba al análisis de la conducta de funcionarios. El fiscal de Estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, no sólo espera con ansiedad que se configure un daño a la provincia para hacerse parte del expediente sino que también estaría preparando un pedido de juicio político para Casanello. No obstante León Arslanián, representando a Guillermo Caló, quien ejercía la Presidencia de Barrick Argentina al momento del incidente, pidió que el propio Caló integre también esta ‘comisión investigadora‘ así como que no queden ausentes tanto el juez como el fiscal para que vean por ojos propios la corrección del proceso y no se dejen llevar por el relato que pudieran hacer los inexpertos. Tanto el gobierno de San Juan, como la empresa, han declarado garantizar puertas abiertas en el proceso a punto tal que la compañía se hará cargo de los gastos en que incurra la eventual llegada de la comisión, que se espera para después del 6 de abril. Hagamos un recuento final: Casanello tomó la causa fuera de su jurisdicción, luego la delegó en el fiscal Ferrero y no obstante sigue tomando medidas en lo que podría configurar doble juzgamiento (eventual causa de juicio político). Como fue dicho, ha sido recusado, ha resistido y el incidente permanece a decisión final de la Corte Suprema, que espera el dictamen de Gils Carbó, donde la jurisprudencia marca el respeto irrestricto a las jurisdicciones provinciales. Parece evidente que, como ocurre en otros casos, un domicilio cercano al Obelisco hace creer a sus vecinos que poseen poderes especiales.
