La supuesta estafa contra el Estado nacional por falsas enfermedades laborales podría ser mucho mayor a lo que se creía. Por una denuncia de la calera El Volcán, la Justicia Federal puso inicialmente la mira en un grupo de abogados que supuestamente alentó a operarios de esa firma a iniciar reclamos para cobrar de las arcas nacionales indemnizaciones por afecciones que no tenían. Pero el jueves, el juez Leopoldo Rago Gallo amplió la investigación y ordenó allanamientos en busca de documentación que pruebe maniobras similares que se habrían realizado utilizando empleados de otras empresas sanjuaninas.

Si se comprueba que los casos de afecciones inexistentes se multiplican, la presunta estafa podría superar ampliamente los más de 280 mil pesos que pagó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo -es un organismo del Estado nacional- por la hipoacusia de 16 obreros de El Volcán. Casos en los que después se comprobó, mediante pericias médicas, que no estaban enfermos (ver Claves).

Fuentes vinculadas a la causa penal que hay en trámite aseguraron que los allanamientos se llevaron a cabo en las oficinas de los abogados Juan Manuel Azcona, Agustín Zumel, Waldino Fabián Acosta Gómez y Ernesto Clavijo, los cuatro sospechados de participar en la maniobra y próximos a ser indagados por Rago Gallo. Además, el operativo alcanzó al consultorio de uno de los médicos señalados de certificar las falsas enfermedades y al estudio del abogado Martín Zuleta, aunque éste último no tiene nada que ver y en realidad se buscaba a dos de los antes mencionados que hasta hace poco trabajaban en ese domicilio.

La investigación estaba apuntada sólo a lo que pasó en El Volcán en el año 2008, pero hoy se centra en saber si la maniobra es más amplia. Según Paula Carena, secretaria del Juzgado, los allanamientos fueron para determinar si la presunta estafa se extiende a “otras zonas de la provincia”.

De hecho, el oficio que aportó uno de los allanados dice que la Policía Federal buscaba reclamos promovidos por empleados de El Volcán, FGH, La Buena Esperanza, Corich, Vicente Alborz, entre otras. Además de certificados médicos, recetas, y documentación con las firmas de los doctores Roberto Moya, Carlos Delera o Gustavo Garcías Larsen, que aparecen entre los apuntados por la Justicia.