En el ojo de la tormenta por la megacausa de las expropiaciones, la jueza Civil Rosalba Marún le había pedido a la Corte de Justicia que investigue su actuación en el llamado expediente “Carbajal”, en el que se sospecha que cometió irregularidades. El máximo tribunal envió la solicitud al Ministerio Público Fiscal para que emita su opinión, pero 2 fiscales se inhibieron. Sin embargo, ayer se conoció que la fiscal Leticia Ferrón aceptó intervenir en el planteo.
Ferrón está a cargo de la Fiscalía de Cámara Nº2 y es la esposa de Augusto Rago, presidente de la Convención del Bloquismo. Marún está al frente del Juzgado Civil Nº 1 y está casada con un viejo dirigente del partido de la estrella, Edison Sobelvio.
Con el pedido a la Corte, la jueza quiere lograr “el esclarecimiento” de su obrar, según señaló en el escrito. Como paso previo, el máximo tribunal trasladó el pedido al Ministerio Público Fiscal para que fije su postura. El fiscal General, Eduardo Quattropani, se inhibió porque cuando litigaba compartió el estudio jurídico con Marún y el fiscal de Cámara, Gustavo Manini, lo hizo por tener amistad con la magistrada. Finalmente, Ferrón dio el OK para analizar el planteo.
Fuentes calificadas explicaron que la fiscal no tendría muchas opciones: como la Corte no tiene facultad para investigar un presunto delito, porque para eso están los juzgados penales, el camino que le quedaría a Ferrón es pedir el archivo de la causa. Pero lo que sí está en marcha contra la magistrada es la denuncia penal que realizó Fiscalía de Estado sobre su supuesta participación en el escándalo de las expropiaciones, en el que el Gobierno sospecha que hubo una red delictiva de jueces, abogados, funcionarios y empleados para elevar los precios de los terrenos con el objetivo de que el Estado terminara pagando cifras millonarias. Para los denunciantes, Marún estuvo involucrada en una de las maniobras y el fiscal Carlos Rodríguez pidió que se abra una causa en su contra por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario y fraude contra la administración pública. Debido a ese planteo, al que le hizo lugar la jueza María Inés Rosselot, otros sospechosos están en la mira de la Justicia (ver aparte).
Por su cargo de juez, Marún no puede ser indagada porque tiene fueros que lo impiden. Por eso, el requerimiento del fiscal Rodríguez también apuntó a que sea sometida a una “información sumaria” para determinar si hay elementos que la involucran. Si a través de ese procedimiento se reafirman las sospechas, Rosselot deberá enviar el expediente al Jurado de Enjuiciamiento para que Marún sea removida de su cargo y pierda sus fueros, de manera de poder indagarla y proseguir con la causa penal.
Las sospechas contra la magistrada se centran en el caso Carbajal. Se trata de un un juicio de expropiación por un lote en Cuesta del Viento, en el que los denunciantes advierten que hubo una serie de maniobras y acusan, entre otros, a la magistrada y al abogado Santiago Graffigna (ver foto) como responsables.