Debido a que el único detenido por la megaestafa con casas del IPV está a punto de quedar en libertad porque pasó más de 3 años sin juicio, el presidente de la Corte de Justicia, Adolfo Caballero, pidió un informe interno debido a que, según fuentes judiciales, el expediente estuvo 10 meses en el máximo tribunal. Con el resultado en la mano, el cortista negó que haya existido una demora y aseguró que ellos tardaron sólo 5 meses y medio en resolver. Sin embargo, no brindó los detalles de la fecha en la que ingresó la causa ni en la que la devolvieron para que siguiera el trámite.

El caso llegó a manos de la Corte para que resolviera un recurso de excarcelación y revisaran el procesamiento de Carlos Alberto Albornoz, el principal implicado. Según Caballero, el tiempo que se tomaron para expedirse ‘es más o menos razonable‘, ya que se trata de un expediente que cuenta con 14 cuerpos de 200 fojas cada uno.

El tiempo fue crucial para que este sospechoso se encuentre cerca de esperar el juicio en su contra en libertad. En la mira también están Pedro Roldán, Marcos Barragán, Myriam Quiroga y Alejandra Dragui, quienes lograron salir de la cárcel debido a que pagaron una fianza de 200 mil pesos. Todos están acusados de integrar una agrupación llamada Movimiento Agropecuario Provincial, con la que estafaron a más de 150 familias, a quienes les pidieron entre 7 mil a 15 mil pesos con la promesa de que recibirían casas del IPV. Cuando la maniobra salió a la luz, hubo una catarata de denuncias en la Policía y causó malestar en el Gobierno porque esa supuesta organización se arrogó la facultad de distribuir viviendas, un tema sensible dentro de la política habitacional que lleva adelante el Ejecutivo local. El gobernador José Luis Gioja resaltó que ‘no hay ninguna institución que pueda usar ni llevar el nombre del IPV para ofrecer casas o vender terrenos‘, un mensaje que viene repitiendo desde que puso en marcha el plan.

Albornoz fue detenido por la Policía el 31 de mayo de 2010, luego de que fuera declarado prófugo por el Cuarto Juzgado de Instrucción. El tribunal lo procesó, al igual que al resto de los implicados, por estafas reiteradas y le negaron su excarcelación debido a que evaluaron que había riesgo de que se escapara. Su abogado defensor apeló el procesamiento y pidió su libertad en la Sala II de la Cámara Penal, en donde le rechazaron ambos planteos. Así fue que acudió a la Corte de Justicia, la última instancia de apelación en el ámbito local, en donde la causa ingresó el 5 de julio de 2011. Según las fuentes, el expediente regresó al Cuarto de Instrucción el 18 de mayo de 2012, 10 meses después. Caballero, el presidente del máximo tribunal, negó semejante demora y sí dijo que la causa estuvo radicada 5 meses y medio. Sin embargo, el informe interno no brindó ningún tipo de detalles sobre la fecha de ingreso y salida del expediente. El ministro de la Corte justificó ese lapso al señalar que se trata de un caso complejo y voluminoso (con 14 cuerpos), en el que participaron ‘una decena de letrados, más la parte querellante (representante del Estado) y el Ministerio Público Fiscal‘, señala el escrito.

Lo cierto es que el expediente regresó al juzgado que investigó el caso el 18 de mayo de 2012, a poco días del primer vencimiento del plazo permitido por ley (2 años) para mantener a una persona detenida con prisión preventiva. Por eso hubo una prórroga por un año más y el 18 de octubre de ese año la causa fue a la Sala I para que se haga juicio. Encima, en ese Tribunal, a fin de año se jubilaron 2 jueces, quienes fueron reemplazados en el transcurso de 2013. Así Albornoz cumplió más de 3 años detenido (el tope máximo) sin que se le hiciera el juicio. La Sala le concedió la excarcelación, pero bajo una fianza de 50 mil pesos. Su abogado pidió una reducción y ahora está a la espera de la resolución. Pero al vencerse el plazo, fuentes judiciales dijeron que la liberación no merecería ninguna caución y que es casi un hecho.