En el sumario que se inició contra los cinco policías que tenían a cargo la custodia del Centro Cívico el día que activistas de Greenpeace burlaron la seguridad del edificio y escalaron los muros para colgar una bandera, la Subsecretaría de Inspección y Control de la Gestión de la Seguridad Pública concluyó que tres de ellos no cumplieron su obligación de vigilar la parte externa y recomendó que sean suspendidos por 10 días. La aplicación de la sanción depende del jefe de la fuerza, que no quiso opinar del tema hasta no tener la documentación en sus manos. Sin embargo, en su entorno aseguraron que es muy difícil que se aparte de la sugerencia del organismo.

La orden de hacer el sumario la dio el ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, quien en su momento aclaró que la razón no era la bandera de Greenpeace, sino la “violación de la seguridad de un edificio público”. De hecho, la resolución que aconseja la sanción a los efectivos se enfoca en ese punto y no la relaciona al despliegue de la leyenda contra la minería y la defensa de San Guillermo por parte de la ONG.

La investigación apuntó al accionar de los cinco uniformados afectados a la base del Centro Cívico el 5 de junio, cuando sucedieron los hechos (ver aparte). Tres de esos policías tenían que custodiar la parte externa del gigante de Libertador y Las Heras, pero las fuentes aseguraron que en el expediente se comprobó que no hicieron las “rondas” de vigilancia. Por el contrario, contaron que de las pruebas recabadas surge que estuvieron en el puesto interno del edificio.

El sumario lo hizo la Subsecretaría de Inspección y Control de la Gestión de la Seguridad Pública, creada recientemente por la gestión giojista para evaluar la conducta de las miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia y la calidad del servicio. El organismo resolvió recomendar que se les aplique una suspensión de 10 días sin goce de haberes por incumplir su obligación de recorrer el exterior del edificio, lo que hubiera permitido detectar a tiempo la maniobra de los activistas.

El resultado de la investigación ya fue enviado a la Jefatura de Policía, para que su titular, José Orlando Luna, decida qué medida tomar. El funcionario tiene facultades para aplicar el castigo que le sugieren o cambiar de criterio e imponer uno más leve, uno más duro o ninguno, siempre que funde su decisión.

Antes las consultas de este diario, Luna dijo que no hablará de la cuestión porque aún no le llegó el expediente a su despacho. Aunque entre sus allegados recordaron que es poco común que un jefe no tome la recomendación del área legal que hizo el sumario y casi que anticiparon que este caso no será la excepción. Así las cosas, todo indica que los 3 efectivos serán sancionados.

La sugerencia de la Subsecretaría de Inspección y Control de la Gestión de la Seguridad Pública, que dirige Mauricio Solano, se basa en que se trató de una falta grave más allá de quiénes fueron los que burlaron el sistema de seguridad del principal edificio de la administración pública. Pasa que, según las fuentes, con este tipo de omisiones de la custodia policial hay riesgo de que exista algún hecho vandálico o un hecho de peores consecuencias.