A partir de hoy, las aeronaves de menos de 30 plazas deben cesar sus actividades en el aeroparque Jorge Newbery, donde se realizarán obras para ampliar la zona de estacionamiento de aviones.

Los exceptuados por la norma son las que integran la flota presidencial, transporte sanitario o humanitario, se encuentren en emergencia, en actividades de búsqueda, asistencia y salvamento, así como al servicio del traslado de la Presidenta, el vicepresidente, gobernadores y/o el jefe del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

La resolución 810 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que dispone el cese de las actividades de los aviones de porte inferior a 30 plazas, figura en los considerandos de la resolución 123 del Organismo

Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), publicada ayer en el Boletín Oficial.

El ORSNA instruye a través de esta norma a la empresa Aeropuertos Argentina 2000, para que proceda a la prevista modificación del Plan Maestro del aeroparque Jorge Newbery, que ‘deberá contemplar las readecuaciones necesarias producto de la nueva configuración de las Posiciones de Estacionamiento en la Plataforma Industrial‘.

La zona prevista para las obras afectará el funcionamiento de ocho hangares asignados a las empresas Tango JET SA, Aeronáutica SA, Baires FLY (que tiene dos hangares), Private Aviation Consulting SA, Royal Air SA, Servicios Aéreos Sudamericanos SA y Macair Jet SA.

Estas empresas deberán trasladar sus actividades a otro aeropuerto, puesto que las nuevas obras, el 1 de agosto próximo, ‘podrán ser entregadas para su uso exclusivo al Estado Nacional, a las líneas aéreas que operen vuelos regulares internos e internacionales en dicho aeropuerto con el fin de llevar a cabo tareas de guarda, mantenimiento y taller de reparación de aeronaves propias o de terceros, y a las empresas que ofrecen servicios de rampa en el aeropuerto‘, según la resolución.

De acuerdo con la normativa vigente, el plan maestro aprobado debe ser ‘actualizado cada 5 años, excepto si algún hecho operativo o de otra índole (evolución de condiciones económicas, operacionales, financieras, etc.) ameritase su revisión con anterioridad a la fecha consignada -mayo del 2015-, según consta en los considerandos de la norma.