La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue llamada a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se la investiga por el presunto direccionamiento de la adjudicación de obras públicas en favor de empresas del empresario detenido Lázaro Báez. Se investiga una presunta asociación ilícita. Esta es la segunda vez que Fernández es llamada a declaración indagatoria desde que dejó la Presidencia, luego de que en abril pasado se sentase frente al juez Claudio Bonadio por un expediente que la investiga por presunto perjuicio económico al Estado por la venta de futuros de dólar en el Banco Central al final de su mandato. Pero esta es la primera indagatoria a la que tendrá que acudir por un hecho de corrupción durante su gestión (2007-2015).
La medida fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini, quien convocó a la exmandataria para el 20 de octubre y dispuso también otras 16 indagatorias entre las que figuran la del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; la del detenido exsecretario de Obras Públicas, José López; y la de Báez.
En un dictamen de 29 hojas, el magistrado también decretó la inhibición general de bienes para todos los que serán indagados por lo que ninguno podrá vender o gravar (hipotecar) sus propiedades muebles e inmuebles registrables, aunque no se les impedirá administrarlas o disponer del dinero bancarizado.
Ercolini investiga el presunto direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de ‘beneficios exclusivos‘ a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez -actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del estado.
Los fiscales a cargo de la investigación, Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, habían reiterado el lunes pasado su pedido para que el juez Ercolini citara a la expresidenta a indagatoria; junto con otras 34 personas (entre
exfuncionarios y empresarios), de las cuales algunas no serán citadas, por ahora.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal había remarcado que se investigaba una matriz de corrupción que abarcaba desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública como el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz.
‘Mientras el empresario Lázaro Báez era el más beneficiado en la asignación múltiple y millonaria de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros‘, habían afirmado los fiscales que entre otros ejemplos investigados consignaron el de la ruta nacional 3 y la provincial 9.
En su resolución de ayer, el juez Ercolini sostuvo que de acuerdo a la investigación elaborada por los fiscales, las maniobras se edificaban en cuatro pilares: 1) La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial. 2) La exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional.
3) La mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz.
4) El direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado. Además recordó que, sobre la relación personal que Báez tenía con el exmatrimonio presidencial, los fiscales ‘hicieron referencia a las conexiones comerciales existentes entre ellos‘ y, a modo de ejemplo, ‘destacaron que Cristina Fernández y la firma Austral Construcciones compartían un condominio desde agosto de 2008 en la ciudad de El Calafate‘. DyN-Télam-EFE