El Túnel de Agua Negra superó el último paso formal y administrativo y ya tiene vía libre para la licitación de su construcción, proceso que se encamina a realizarse a fin de septiembre. Por unanimidad el Senado chileno ayer aprobó el llamado Segundo Protocolo, el acuerdo que contiene la normativa y los detalles técnicos, administrativos y jurídicos de la obra. Al tratarse de un proyecto entre ambas naciones, el OK del Parlamento trasandino era vital para que se complementara con el respaldo que ya le había dado el Congreso de nuestro país.
El gobernador José Luis Gioja y el ministro de Infraestructura, José Strada, se mostraron felices ante la noticia porque aseguraron que ya no existen impedimentos para llamar a licitación, es decir, convocar a las empresas y consorcios interesados a que presenten sus ofertas económicas para llevar adelante la construcción del túnel que unirá la provincia con la Cuarta Región de Coquimbo. El mandatario resaltó que "estamos más que satisfechos con todo nuestro equipo, ya que se han superado todas las instancias legales y formales que implica una obra binacional". La novedad es uno de los avances más significativos de las innumerables gestiones que viene realizando, desde sus inicios, la administración giojista para materializar el proyecto de integración (ver cronología).
Strada explicó que luego de que Chile aprobara el Segundo Protocolo, éste adquirió el carácter de tratado internacional debido a que Argentina ya había cumplido con su parte. Y la normativa del vecino país establece que tiene que pasar un mes desde la sanción para que entre en vigencia, plazo en el que se llevará a cabo la protocolización, que los chilenos denominan "toma de razón de la contraluría". El titular de la cartera de Infraestructura dijo que después de ese período "a partir del día siguiente estamos en condiciones de licitar", pero aclaró que "hay que poner a punto los detalles que se van llevando en paralelo, como el reglamento, por lo que pensamos que se haría a fin de septiembre, sino a principio de octubre".
El llamado Segundo Protocolo es la continuidad del Tratado de Maipú que firmaron las presidentas Cristina Fernández y Michele Bachellet en 2009, que impulsaba la construcción del Túnel. La segunda fase del acuerdo resuelve todos los temas bilaterales entre las dos naciones, como aspectos impositivos, leyes de trabajo, de aduana y migraciones, por ejemplo. Strada recordó que son 18 los consorcios interesados en la megaobra, cuyo último costo se calculaba en 1.600 millones de dólares.