Después de décadas de industrialización descontrolada y contaminante, donde el impacto ambiental fue siempre ignorado, China ha dado un paso significativo en su nueva política de protección del medio ambiente, tanto por el acoso de los acuerdos internacionales sobre el calentamiento global como por una grave situación interna. El fenómeno que afecta a ciudades como Pekín envueltas en una niebla tóxica gran parte del año y un 16% del territorio nacional contaminado, han sido determinantes.
Esta semana la Asamblea Nacional Popular aprobó la Ley de Protección Medioambiental, la primera en 25 años, que aumenta los castigos contra delitos ambientales y establece líneas de actuación para combatir los graves problemas de contaminación, como el "smog” que envuelve prácticamente a todas las ciudades del coloso asiático.
Con la enmienda legislativa, la protección medioambiental se convierte en una política nacional básica, ya que establece la necesidad de aumentar los estudios de impacto ambiental y los posibles efectos del rápido desarrollo económico e industrial en la salud pública. Las penas son durísimas, desde destituciones a los funcionarios que oculten desastres medioambientales en sus jurisdicciones, hasta la cárcel para los responsables de empresas que no reduzcan niveles o rebasen los límites de contaminación permitidos.
Con esta medida, la política ambiental de China ha dado un giro sin precedentes ante la creciente preocupación por los efectos adversos causados por 30 años de rápido y muchas veces desbordado desarrollo económico. Ahora debe replantear su matriz energética, con generación limpia, y producción ecológica.