Con acuerdo de la fiscal del caso, el juez Bendicto Correa hizo lugar a la eximición de prisión que plantearon los dos exempleados del Arzobispado que fueron denunciados por monseñor Alfonso Delgado y los citó para indagarlos en el día de hoy. Los imputados son Juan Brozina y Darío Tapia y serán interrogados como sospechosos de haberse quedado con un jugoso monto de dinero que correspondía a la institución religiosa. Si fueran procesados, no irán a la cárcel mientras se sustancia el proceso.

Fuentes vinculadas a la causa aseguraron que la audiencia está prevista a las 9 en Tribunales y que el primero de la lista es Brozina, el contador que trabajaba como administrador en el Arzobispado. Después será el turno de Tapia, quien era el tesorero.

Los dos quedaron en la mira de la Justicia cuando la máxima autoridad de la Iglesia sanjuanina los denunció por una presunta estafa contra el Arzobispado. Supuestamente, aprovechando la función que desempeñaban en la entidad, desviaron hacia sus cuentas un monto que va entre los 500 mil y los 700 mil pesos.

Correa entiende que hay elementos suficientes para imputarles un delito y por eso los quiere interrogar. Si se presentan, los imputados tendrán hoy la posibilidad de defenderse ante el magistrado y dar su versión de los hechos, aunque también pueden abstenerse de declarar.

Antes de fijar la indagatoria, el juez tenía que resolver el pedido de los abogados de Brozina y Tapia para que no quedaran detenidos. Las fuentes indicaron que la fiscal Ana Lía Larrea no se opuso y que el juez les concedió el beneficio en función de lo que dice el Código de Procedimiento Penal, ya que no hay señales que digan que se van a fugar o interferir en la investigación.

Como consecuencia de esa medida, tanto Brozina como Tapia se aseguran continuar en libertad mientras se sustancia la causa que los involucra. Incluso, en caso de no aparecer la comisión de un delito más grave, no tendrían que cumplir una pena de prisión si son condenados, ya que la estafa es excarcelable por contemplar una pena menor a 3 años.

Tras la indagatoria y la recolección de otras pruebas, el magistrado deberá resolver cuál es la situación procesal de los denunciados. Los puede procesar, sobreseer (es quedar desvinculado) o dictar la falta de mérito y seguir investigándolos.