Opinión / Por Carlos March, responsable de la Fundación Avina Argentina
Un paradigma recién se convierte en cultura cuando la retórica que lo explica, confluye con la práctica que lo arraiga. El paradigma de mercado resumido en el concepto de responsabilidad social empresaria (RSE) basado en la retórica, necesita confluir con una práctica social encarnada en la ciudadanía empresaria.
El valor que agregan esas dos palabras (que son concepto convertido en rol) no pasa tanto por cada uno de sus significados, sino por el orden en las que ambas son colocadas. Ciudadanía empresaria implica asumirse primero ciudadano y luego empresario.
Y este orden de los factores define el producto, pues en una democracia se puede dejar de ser muchas cosas, salvo ciudadanos. Se puede dejar de colaborar en el desarrollo de muchas cosas, menos de la ciudadanía. Desde cualquier rol que uno asuma, la democracia exige en primer lugar construir lo público y respetar el interés común para luego, desde ese marco, construirse y desarrollarse como individuo u organización. Es obligación de las empresas generar ganancia, pero luego de desarrollar riqueza social. Riqueza definida como el conjunto de bienes, servicios, transacciones y valores que les permiten a los hombres y mujeres de una sociedad vivir dignamente y ser felices. Las sociedades no resisten más la lógica de maximizar ganancias minimizando la agregación de valor social.
Es por ello que el rol que impone la ciudadanía empresaria en gerentes, equipos y accionistas, implica que los impactos de las decisiones de producción y de las estrategias comerciales, sumadas a las acciones sociales de las empresas, ayuden a construir bienes públicos, a consolidar las comunidades que acceden a ellos y a fortalecer la institucionalidad democrática que los resguarda.
Los gerentes y equipos asumen su ciudadanía empresaria cuando fijan políticas de recursos humanos que atienden el desarrollo profesional y humano de los empleados y su entorno familiar, desarrollan prácticas ecosistémicas que mitigan huella e impacto, restablecen daños ocasionados en el medioambiente y preservan los recursos naturales de las generaciones futuras. También cuando llevan adelante y apoyan iniciativas sociales y cívicas que promueven sociedades más sustentables e inclusivas.
Por su parte, los accionistas y directores cumplen con la ciudadanía empresaria cuando garantizan que la ganancia de la empresa estará compuesta por los recursos que logren acumularse luego de generar riqueza social. Esta definición garantizará estrategias productivas responsables en los planos económicos, sociales y ambientales, tanto para las propias políticas como para las que definan los vínculos con las cadenas de valor que integre o con las que opere y comercie la empresa, donde el sentido de competencia no se oponga a los planos de cooperación, por ejemplo, que permitan desarrollar mercados y negocios inclusivos. Y también es facultad de los accionistas establecer los incentivos adecuados de mediano y largo plazo para que los gerentes y equipos no aten sus premios y bonus a la lógica de objetivos anuales, sino a la obtención de ganancias sostenidas en el largo plazo y en marcos de sustentabilidad.
La sociedad no resiste más gerentes y equipos que se apropien de la riqueza social para mejorar ganancias que aumenten sus bonus, ni accionistas que se conviertan en consumidores de dividendos.
