El fiscal General de la Corte de San Juan, Eduardo Quattropani, quien además preside el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina, organismo que agrupa a los titulares de los ministerios públicos del país, se refirió a la marcha convocada por asociaciones de fiscales federales de Capital Federal para reclamar por la muerte del investigador de la causa AMIA, Alberto Nisman. Quattropani confirmó que su Consejo no participará del encuentro y lanzó duras críticas a quienes usan la muerte para sacar provecho político. Además asegura estar en contra, en parte, del proyecto de la creación de la Agencia Federal de Investigaciones que impulsa el oficialismo, al cuestionar que las escuchas telefónicas pasen a ser herramientas de investigación del Poder Judicial de la Nación, quitándole a las provincias esa potestad.
-Hay una marcha para el 18 de febrero convocada por algunas asociaciones de fiscales federales, ¿la entidad que usted preside va a participar?
-Nosotros pensamos que si en verdad creemos en la independencia del Poder Judicial y la postulamos, si en verdad pedimos verdad y justicia, todo lo que debemos hacer es fortalecer las estructuras de los Ministerios Públicos que están investigando y de los jueces que están investigando, confiar en el resultado final que está en el expediente y no constituirnos en una parte más. Creemos que ese es el mejor homenaje que se puede hacer al doctor Nisman sea cual fuere la causa y los motivos de su muerte.
-¿Cree que si participan o no lo hacen se va a tomar esa decisión de igual forma como una posición política?
-Nosotros somos fundamentalmente hombres del Poder Judicial, desgraciadamente no tenemos la representación popular, nos gustaría, pero no la tenemos, cuando uno asume que no tiene representación popular, cuando uno asume que no ha sido elegido por el pueblo, asume también que debe entenderse en las relaciones institucionales con el oficialismo y la oposición que puso la gente, debe entender que debe atenerse a la agenda que marca el poder político, oficialismo y oposición, y debe entender que debe tratar de imponer alguna idea en aquellos temas que hace a la función.
-Bueno, volviendo a la marcha y en definitiva ¿van a participar o no?
-Como institución no vamos a participar en ninguna marcha, respetamos la marcha que ha sido convocada, respetamos que los jueces y los fiscales que la convoquen hayan invitado a sectores políticos. Yo le voy a decir lo que yo haría, yo no participo en una marcha con la Presidenta, ni participo en una marcha con la oposición, no es mi función como Fiscal General de la Corte, tampoco como Presidente del Consejo Federal de Política Criminal, ni de la institución como tal, marchar al lado ni del oficialismo ni de la oposición porque pretender que en momento político un acto como este, aún en contra de la voluntad de quienes lo organicen, no se transforme en un acto político, es casi imposible. La independencia de criterios es un deber ínsito a la función que uno ejerce y si los fiscales vamos a pasarnos el día reclamándole a los poderes o a la misma prensa que nos den independencia será porque no tenemos el fuste necesario para ser fiscales.
-¿Ve manifiestamente alguna intención política en esta marcha?
-No necesariamente de parte de los fiscales organizadores.
-¿Del Gobierno qué piensa? ¿Ha visto alguna interferencia en esta investigación?
-No, yo veo imprudencia de todos los sectores. Causa mucha gracia cuando desde el oficialismo se pide que dejen trabajar con tranquilidad a los fiscales y todas las mañanas se opina respecto a la causa, tanta gracia como sorpresa cuando muchos sectores de la oposición reclaman también tranquilidad para la fiscal y todo el día están opinando sobre la causa. Creo que se ha desbordado tanto el tema que me parece que la fiscal y la jueza si llegaran hipotéticamente a la conclusión de todas las pruebas que colecten que se ha tratado de un suicidio, van a ser los únicos que lo van a creer, porque ya desde el oficialismo y de la oposición, la única hipótesis que parece no cerrarles a la estrategia política o a la estrategia comunicacional es la del suicidio. Parece que el único resultado posible que beneficiaría sería que sea un homicidio o una instigación al suicidio. Esto habla mal de nosotros como sociedad y habla mal de todos como dirigentes. Finalmente la verdad del expediente va a importar muy poco.
-De la investigación ¿qué es lo que puede saber de cómo se ha llevado a cabo, se ve que es prolijo u observa que no?
-La verdad que no lo se, como no lo sabe nadie de los que hablan. La fiscal y la jueza tienen todos los medios técnicos necesarios. Con absoluta honestidad, a mi me preocupa mucho, primero que en tiempo oportuno, que no es muy lejos, den por lo menos una resolución, aunque no sea definitiva, que ponga claridad en el tema. Y me preocupa muchísimo la posibilidad de que la gente tenga confianza en el resultado del juicio, honestamente creo que no vamos por buen camino. Creo que la justicia va a obtener mayor desprestigio, creo que aún aquellos que quieren especular para obtener algún tipo de rédito personal o político, van a terminar no teniendolo porque finalmente la gente con toda razón, cuando se para frente al Estado sea oficialismo, oposición, justicia, legislativo o ejecutivo, no tiene porque estar como en una cancha de ping pong tratando de adivinar quién es el bueno y quién es el malo. La gente con toda razón generaliza y dice que esta todo mal.
-¿Hay una lucha de poder en todo esto?
-Creo que en el orden nacional, en lo que yo creo en el orden judicial, sí. Hay una clara oposición de un gran sector de fiscales y jueces federales a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Creo que no se quiere admitir por parte sobre todo de los jueces federales, hablamos de Capital Federal, que tienen un poder que es incompatible con un régimen republicano y democrático. Hay una gran mentira que se ha instalado, que hay una transferencia de poder de los jueces a los fiscales, eso es una enorme mentira. Lo que hay es una morigeración del poder de los jueces. Hoy un juez en este sistema mixto o este sistema inquisitivo a usted lo puede investigar sin tiempo, sin avisarle por años. Puede ser que por años lo esté investigando sin que se entere y le tenga intervenido el teléfono, hoy ocurre. En el sistema sanjuanino, de las pocas jurisdicciones que quedamos sin sistema acusatorio, hoy un juez lo puede tener a usted investigando sin tiempo, ese mismo juez le puede tener intervenido el teléfono, ese mismo juez le puede interceptar la correspondencia, ese mismo juez le puede allanar el domicilio, ese mismo juez que a usted lo está investigando le puede pedir en autos procesamiento y ese mismo juez le puede dictar una prisión preventiva, todo ese poder en la cabeza de una sola persona, ese el enorme poder que tienen los jueces federales sobre todo en la Capital Federal.
-¿Tienen opinión respecto de la nueva ley de Inteligencia del Estado que impulsa el Gobierno Nacional?
-Nosotros hemos estado reunidos con el ministro de Justicia de la Nación, la Procuradora General, con Senadores Nacionales y hay una parte de esa ley que a nosotros nos incumbe que es la de las escuchas telefónicas. Le hemos reclamado al Gobierno Nacional por los carriles institucionales, que las escuchas en causas judiciales provinciales deben ser hechas por organismos provinciales y que las escuchas de causas federales o causas nacionales, la deben hacer aquellos organismos que marque el Estado Nacional, que podrá ser el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Procuraduría General o podrá ser otro, pero nosotros hemos reclamado por nuestra autonomía en la investigación, fruto de las autonomías provinciales.
-¿Sospecha o cree que en ese tren hay ciertas denuncias que se dicen contra funcionarios nacionales que son inventadas?
-Eso ya es entrar en política. Yo lo que digo es lo que objetivamente se ve por eso estamos invitando a todas las asociaciones de fiscales que apoyemos todos el sistema acusatorio. No se puede legislar teniendo en cuenta nombres propios. Estas son situaciones que pasa en una justicia federal, pero no federal de las provincias, federal es lo que pasa en Capital Federal, en Buenos Aires, que parece ser la justicia argentina. Pero me gustaría que tenga presente esto, la Justicia Federal no maneja más que el 5% de los delitos del Código Penal, el 87% de los delitos los manejan los Ministerio Públicos y las justicias provinciales. Tenga en cuenta que la provincia de Buenos Aires sola tiene más fiscales que toda la justicia federal, tenga en cuenta que la justicia federal es una justicia excepción. Cuando discutían el Código de Procedimiento Nacional, desde lo político, también desde lo comunicacional, parecía que nos estaban cambiando la vida a todos los argentino y a muy pocos sanjuaninos les importa el Código Procesal Procesal Penal de la Nación, a nosotros nos tiene que importar nuestro propio código.