La gestión de Sergio Uñac le dará continuidad al plan de erradicación de villas miseria y tiene tres en mente para comenzar con los operativos. El equipo del Ministerio de Infraestructura ya hizo el relevamiento de las familias que viven en esos asentamientos y según dijo el ministro Julio Ortiz Andino, serán relocalizadas en el transcurso de este año. La fecha de los operativos depende de la terminación de los complejos habitacionales donde irán a vivir.

Las villas seleccionadas serán las primeras que erradicará la administración de Uñac. El plan se gestó en la gestión giojista, tuvo 10 años de ejecución continua y el actual gobernador lo incluyó en su plan de obras, con el objetivo de seguir atendiendo la necesidad de lo más pobres de contar con un techo propio y sacarlos de la miseria que implica vivir en un rancho de caña y barro.

La ubicación de los tres asentamientos y sus nombres son guardados bajo siete llaves por los funcionarios. Sabido es que prefieren no dar ni una sola pista, para evitar que algunas familias se asienten a último momento y sacar ventaja con la obtención de una casa financiada con recursos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Por las dudas, frente a posibles avivadas, el Gobierno censa con suficiente tiempo de antelación a los habitantes, elabora el padrón de futuros beneficiarios y después no incorpora a nadie más.

Ortiz Andino aseguró que todo el trabajo previo está listo y que cuando los barrios que reemplazarán a las villas estén terminados, iniciarán los operativos de traslado. Hoy hay 5.500 casas en ejecución y se encuentran en distintos niveles de avance, desde algunas a punto de terminar a otras que no superan el 5 por ciento. Otro dato a tener en cuenta es que no todas esas viviendas se destinarán a solucionar la situación de personas que provienen de asentamientos: con ese cupo, el Gobierno también irá respondiendo a la demanda de la clase media y los que se inscribieron en la operatoria de los gremios.

El plan de erradicación comenzó a rodar en 2005 e incluye la puesta en marcha de un complejo operativo de demolición de ranchos y reubicación de los beneficiarios que involucra cerca de 10 reparticiones del Estado. Desde aquel entonces, se removieron 90 villas de distintos departamentos y 5.558 familias de bajos recursos pasaron a disfrutar de una vivienda nueva, sismorresistente y provista de los servicios básicos.