La polémica por las designaciones discrecionales en el Poder Judicial tiene eco otra vez en la Cámara de Diputados. Los bloques opositores presentaron ayer un pedido de informes sobre los nombramientos de ordenanzas que hizo la Corte de Justicia en los últimos tres años, lo que se ha convertido en una constante para esquivar los concursos que impone la Constitución. El basualdista José Peluc, el bloquista disidente Edgardo Sancassani y el actuarista Juan Sansó se declararon indignados, porque los cortistas aprovechan el escalafón de maestranza para hacer entrar gente sin ningún filtro y después la promueven a cargos administrativos a pesar de que en ese estamento sí es obligación que los ingresos se hagan por concurso. Desde el oficialismo no ocultaron el malestar por la maniobra y no descartaron acompañar la iniciativa.

A esta altura, el revuelo que causan las designaciones en la Justicia es permanente. En lugar de cubrir las vacantes administrativas por concursos de antecedentes y oposición, como lo dice la Constitución en el artículo 45, la Corte de Justicia ha preferido en la última década gambetear ese mandato a través de dos vías. Por un lado, hizo nombramientos en forma directa. Por el otro, como el escalafón de maestranza no exige concursos, nombró personal como ordenanza y meses después lo promovió a cargos administrativos, consumando así el engaño de obviar la compulsa de antecedentes y oposición.

La semana pasada se supo que los cortistas pasaron a 43 empleados de maestranza a puestos de escribiente (es la categoría más baja del estamento administrativo) que se deberían haber cubierto por concurso. El martes, en tanto, designó por acordada a 46 ordenanzas y en Tribunales dan por sentado que en un unos meses más aparecerán trabajando como administrativos en distintos organismos judiciales.

La última noticia desató la bronca de los opositores, que a través del pedido de informes quieren saber dónde están trabajando los más de 120 ordenanzas designados desde 2011 a la fecha. De esta forma, buscan poner al máximo tribunal en el apuro de tener que contestar por escrito y ponerse en evidencia.

La iniciativa ingresó ayer a la Cámara de Diputados y sus autores pedirán que sea tratada sobre tablas en la sesión extraordinaria que se celebra hoy. Para eso, necesitan del apoyo del oficialismo, que tiene amplia mayoría en el recinto. Fuentes de esa bancada dejaron abierta la puerta a un eventual apoyo a sus colegas de la oposición para que la Corte de Justicia dé explicaciones de sus acciones a la hora de disponer el ingreso de trabajadores.

“Lo que queremos es que se cumpla con lo que dice la Constitución”, aseguró Peluc, que preside el bloque basualdista. Mientras que Sansó, titular de la bancada unipersonal de Actuar, señaló que “lo que queremos es que de una vez por todas se termine esta situación”.

Es la segunda vez que desde la Legislatura intentan ponerle un freno al máximo tribunal de la provincia. En el año 2009, luego de trascender una acordada de designación directa de 39 empleados en el escalafón administrativo, la mayoría de ellos pariente de jueces y funcionarios, el bloque basualdista promovió un pedido de informes en dirección al segundo piso de Tribunales. Sin embargo, el oficialismo se negó y los opositores no consiguieron votos suficientes para su cometido.

A pesar del escándalo que se armó ese año, el tribunal que hoy encabeza Juan Carlos Caballero Vidal siguió manejándose de la misma forma. Incluso, desde hace años viene prometiendo que llamará a un concurso de antecedentes y oposición para cubrir vacantes y hasta ahora, no hay novedades.