Para evitar el Jury de enjuiciamiento que iba a permitir poder investigarla, la jueza Civil Rosalba Marún de Sobelvio, que está sospechada de haber cometido irregularidades en la llamada megacausa de las expropiaciones, presentó ayer la renuncia ante la Corte de Justicia de la provincia, pero recién a partir del 1 de enero del 2013. Si la Cámara de Diputados le acepta la dimisión, esquivará la destitución, pero sin fueros quedará en condiciones de ser sometida al proceso penal. La magistrada, quien habló por primera vez desde que quedó involucrada en el caso, se limitó a decir que la resolución es “en salvaguarda de mi salud, que está debilitada a causa de esta injusta y maliciosa denuncia”.

“Me siento violentada por el fiscal de Estado, conforme a los 28 años que me he pasado defendiendo a la Justicia y no reemplazando el trabajo de los representantes del Estado”, agregó.

Desde lo formal, dijo que elevó a la Corte su renuncia porque la Anses la notificó que le habían concedido la jubilación del 82 por ciento móvil. Pero es “condicionada”, porque recién operará el primero de enero del año próximo.

Por pedido del fiscal Carlos Rodríguez, la magistrada quedó involucrada en el caso, en el que se sospecha que hubo una red de abogados, jueces y funcionarios que inflaban los valores de los terrenos que expropiaba el Estado para que se terminaran pagando cifras millonarias.

A Marún de Sobelvio la investigan por el llamado caso Carbajal, por expropiaciones de terrenos para la construcción del dique Cuesta del Viento, en trámites que inició el abogado Santiago Graffigna. El fiscal y la Fiscalía de Estado están seguros de que el profesional optó por el juzgado de Sobelvio porque podría ser más “propensa” a resolver en su favor.

Cuando el fiscal Rodríguez hizo el requerimiento, que apuntó a abogados, al Tribunal de Tasaciones y al exfiscal de Estado Mario Díaz, entre otros, pidió que también se la investigue a la jueza.

Debido al planteo, que ayer fue ampliado por el fiscal Rodríguez (ver página 5), y al que originalmente le hizo lugar la jueza María Inés Rosellot, no podía ser indagada porque sus fueros se lo impedían.

Por eso, el requerimiento del fiscal Rodríguez también apuntó a que fuera sometida a una “información sumaria” para determinar si había elementos que la involucraran. Si a través de ese procedimiento se reafirmaban las sospechas, Rosellot debía enviar el expediente al Jurado de Enjuiciamiento para iniciar un Jury, removerla del cargo, y así perdiera sus fueros, de manera de poder indagarla. Pero ahora, si le aceptan la renuncia, quedará sin fueros y deberá enfrentar la causa penal.