La jornada en la que los miembros de la Sala III de la Cámara Penal iban a recibir el pedido de juicio abreviado, por el caso de los ocho exconcejales de Rivadavia acusados de manejos irregulares con las ayudas sociales, terminó en escándalo y con acusaciones cruzadas. Es que a último momento, el abogado Ricardo Moine, defensor de Carlos Reinoso y Juana Guerrero, dos de los imputados, presentó un planteo de suspensión del juicio a cambio de realizar tareas comunitarias. Y dijo que fue porque la fiscal Alicia Esquivel se había demorado en presentar el acuerdo y que eso iba en contra de los derechos de sus defendidos. La fiscal, molesta con la actitud, dijo que fue una maniobra “sucia y grosera” para seguir demorando el proceso y que la causa finalmente prescriba.
El acuerdo del juicio abreviado había sido cerrado por el fiscal Daniel Guillén, convocado para colaborar con la fiscal Esquivel, y comprendía que los ocho exediles reconocían haber cometido los delitos que se les imputan a cambio de una pena de dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos electivos. Además evitaban la alta exposición pública de por lo menos un mes de debates en Tribunales.
Pero el convenio debía ser presentado ayer por el Ministerio Público Fiscal a los miembros de la Sala III, los jueces Eugenio Barbera, Héctor Fili y Leopoldo Zavalla Pringles. Era cuando estaba prevista la primera audiencia del juicio oral y público, que era precisamente el trámite que los acusados querían evitar porque, por el cúmulo de las pruebas acumuladas en su contra, podrían sufrir un castigo mayor, aunque no la prisión efectiva porque los delitos de los que se los acusan son excarcelables.
Fue cuando apareció Moine con el nuevo planteo, que incluso generó molestias en los otros abogados defensores, que son Javier Cámpora, Irma Alonso, Leonardo Arancibia, Fernando Echegaray y Fernando Rahmé. Fue porque todos habían acordado el juicio abreviado y el nuevo pedido de suspensión del juicio, también conocido como probation, los dejó descolocados y sin saber qué hacer.
Moine explicó que también estaba enojado con la representante del Ministerio Público porque a la hora que estaba previsto el inicio del debate, “la fiscal no apareció y yo no sabía si había desistido del acuerdo”.
“Yo tengo que proteger los intereses de mis clientes y no podíamos ir a juicio, no estábamos preparados”, justificó.
La fiscal Esquivel sostuvo que “estábamos dentro de los términos, acá no hubo ninguna demora. Lo que hay es una maniobra injustificada y dilatoria”. Y agregó que la actitud de Moine no fue “profesional”.
En la práctica, los miembros de la Sala III tendrán que resolver dos planteos. El primero, el pedido de juicio abreviado, que incluso firmaron Reinoso y Guerrero. Si lo admiten, deberán convocar a una audiencia en los próximos días para conocer, incluso, si los exediles siguen con la idea de no ir al juicio ordinario, es decir si van a mantener el pedido de juicio abreviado. Pero, además, deberán resolver el planteo de la suspensión de juicio a prueba.
Ya hay un antecedente, el de José Páez, que con su abogado defensor, Javier Cámpora, realizó un planteo similar en mayo y primero la fiscal Esquivel y después los miembros de la Cámara Penal lo terminaron rechazando.
Como están ahora las cosas podría ocurrir que haya juicio abreviado para un grupo de concejales, que otros vayan a juicio oral y público y a otros se les pudiera admitir la probation. Esta última es la menos probable, tomando en cuenta los antecedentes existentes.
Los hechos que investiga la Justicia tienen origen en la gestión del ex intendente José Soria, actual diputado por el departamento. Durante el 2002, los ediles podían repartir, por ordenanza, entre 1.300 a 1.500 pesos mensuales en ayudas sociales. Cada concejal tenía una planilla con los montos y los nombres de las personas a las que ayudaban, pero una investigación del Tribunal de Cuentas determinó errores en la confección de las planillas y hasta la falsificación de las firmas y de las cifras que la gente recibía.
Si bien los hechos se investigan habrían ocurrido hace diez años, la causa ha tenido varias demoras y por eso el temor es que los delitos vayan a prescribir. Según las cuentas que sacan en Tribunal eso ocurriría el 29 de junio del 2013.