La anulación de la condena al exdictador guatemalteco Efrain Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de guerra ha sido calificada por las Naciones Unidas como "’un paso atrás”, pero confía en que no sea el final de la historia si el fallo de la Corte de Constitucionalidad, instancia que anuló la sentencia, es revertida en su justa medida.
En una instancia inferior, el denominado Tribunal de Mayor Riesgo A encontró culpable a Ríos Montt de ser autor intelectual del asesinato de 1771 indígenas el pueblo Ixil, durante el régimen que encabezó desde marzo de 1982 a agosto de 1983. El caso ha tenido amplia difusión mundial debido a la valiente investigación de la jueza Jazmín Barrios, que llevó a cabo el proceso a pesar de las permanentes amenazas de muerte de parte de los seguidores del dictador. Pero también por haber condenado de decenas de militares acusados de delitos de violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, por lo cual vive rodeada de custodia y usa chaleco antibalas en forma permanente.
El viernes, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó en Ginebra la preocupación del ente internacional por el fallo que beneficia al dictador, por la complejidad de las leyes de Guatemala, y las intimidaciones ante el desempeño de la Justicia local. Además, por la necesidad de proteger a las víctimas y sus familias del terrorismo subyacente, aunque la ONU valora a decenas de organizaciones humanitarias y sociales que se han solidarizado con el pueblo perseguido y reclaman públicamente que Ríos Montt y los cómplices del genocidio no queden impunes debido a la campaña amedrentadora ejercida desde las sombras.