Abusó sexualmente de su hija desde que tuvo 7 años hasta que cumplió 21 y se fue de la casa, con un hijo fruto de los ultrajes. La propia víctima describió el horror: de niña empezó a ser manoseada, obligada a practicar sexo oral y violada. Y cuando quedó embaraza sufrió golpizas que apuntaban a su abdomen para que abortara. Cuando resolvió huir, lo hizo para proteger a su pequeño, pues en un enésimo arranque de furia de su padre, tuvo que interponerse para que evitar que ahorcara con una bufanda a su niño, dijeron fuentes judiciales.

Y lo aberrante no terminó ahí en esa casa de Santa Lucía. La violencia de ese electricista (identificado por sus siglas D.M.O. para preservar a las víctimas) afectó a cada uno de sus 11 hijos y especialmente a su esposa, a quien en una ocasión, borracho, tomó del cuello con fuerza hasta hacerle abrir la boca y le descargó una furiosa dosis de insecticida que por poco no la mató.

Según el expediente, ese hecho ocurrió el 24 de julio de 2012 y aquella vez la mujer fue hallada por sus hijos inconciente. Fue internada, desintoxicada y cuando volvió a su casa, el 26 de julio, otra vez sus niños debieron interponerse ante una nueva arremetida de insultos con promesa de golpes contra la sumisa y temerosa víctima.

Esa vez el que más sobresalió en esa defensa fue su hijo que tenía 17 años, pero pagaría por su acción. Según la acusación, cuando el muchacho estuvo solo, su padre se acercó traicioneramente por la espalda y le descargó un golpe con un martillo que le dio en el cuello y de milagro no le causó lesiones graves.

Esa sería la última vez que la familia se expondría a la incontrolable furia y los repetidos abusos sexuales de ese hombre, que obligaba a su mujer a tener sexo en contra de su voluntad y aún delante de sus hijos.

Aquella noche, el electricista, hoy de 62 años, quedó preso y ahora llegó a juicio en la Sala I de la Cámara Penal. A través de su defensor Juan Marcos Zapata Marcone, resolvió admitir su responsabilidad y firmó un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal de Cámara Gustavo Manini.

En ese acuerdo, el acusado se muestra dispuesto a recibir 22 años de cárcel por tentativa de homicidio agravado por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal agravado contra su hija (por un ADN se demostró que es padre del hijo de su hija) y lesiones leves contra su hijo adolescente.

Los magistrados Silvia Peña Sansó de Ruiz, Raúl José Iglesias y Juan Carlos Caballero Vidal (h) ya aceptaron el planteo y ahora deben resolver. Por ley, están obligados a imponer una pena igual o menor, pero no una mayor a la propuesta por las partes.