Buenos Aires, 11 de septiembre.- La desclasificación de los archivos secretos de las Fuerzas Armadas sobre la guerra de Malvinas, conocidos esta semana, ratifica las graves violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas contra los soldados por parte de sus superiores. A la vez, revela un plan de la dictadura para ocultar estos delitos al regreso de las tropas al continente, según informaron excombatientes.
Un primer informe del material que sale a la luz 33 años después de la guerra fue entregado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, a la Comisión Nacional de Ex Combatientes, luego de que la presidenta Cristina Fernández ordenara la desclasificación de toda la documentación vinculada a Malvinas.
"Estos documentos corren el velo de hechos que fueron ocultados durante años por las propias Fuerzas Armadas y serán un gran aporte para la justicia", dijo Ernesto Alonso, titular de la comisión de excombatientes e integrante del CECIM de La Plata, que motorizó en 2007 la denuncia ante la justicia por las torturas y vejámenes.
Entre la documentación desclasificada, se encuentran las "actas de recepción" que debieron completar los soldados al término de la guerra donde se dejaba constancia del estado de salud y las condiciones con las que habían sido tratados en las islas.
"En este primer relevamiento de los casos más emblemáticos, hicimos entrega de unas 700 actas, donde los testimonios -clasificados como secretos- acreditan los maltratos contados por las propias víctimas o por compañeros que relatan lo que vieron", explicó Stella Segado, directora de Derechos Humanos de la cartera de Defensa.
La mayoría de esos testimonios relatan que sufrieron pie de trinchera -congelamiento de los pies por la humedad y el frío del terreno-, desnutrición, casos de estaqueamiento, enterramiento en fosas y otros tipos de castigos físicos por haber dejado sus puestos para salir en busca de la comida que escaseaba entre los soldados.
La información desclasificada será remitida en los próximos días a la justicia federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde tramita la causa por abusos sufridos por soldados durante el conflicto del Atlántico Sur, y también a la Procuración General de la Nación para el seguimiento del expediente.