Ana María López volvió a cosechar un revés judicial. El máximo tribunal de Justicia de la provincia ratificó el fallo que le impone indemnizar con 90 mil pesos a Guillermo De Sanctis, por causarle un daño moral al haberlo injuriado con duros términos en el año 2006. La actual intendenta de Rivadavia ya había sido condenada dos veces y apostaba a dar vuelta la resolución en la Corte, pero su recurso fue rechazado. El abogado defensor de la docente adelantó que irán a la Corte Suprema.
El castigo contra Ana María tiene que ver con su pasado al frente de la Unión Docente Agremiados Provinciales (UDAP). Como secretaria General, hace 6 años, descargó artillería pesada contra Guillermo De Sanctis (hoy es el Fiscal de Estado de la provincia) cuando se enteró que había sido designado como nuevo ministro de Educación. La respuesta del por entonces asesor giojista fue en Tribunales, con una querella por injurias y una demanda por daño moral.
Primero, en el proceso penal, Ana María fue condenada por injurias a cuatro meses de prisión en suspenso, pena que finalmente se convirtió en una multa (ver Hechos…). Luego, el funcionario le ganó la pulseada en el fuero Civil y fue castigada en primera y segunda instancia con el pago de su bolsillo de un monto de 90 mil pesos por el daño moral que ocasionó con sus ácidas declaraciones.
La intendenta presentó un recurso en la Corte de Justicia para intentar zafar del pago. Argumentó que no puede haber una condena de carácter Civil sin que esté firme el castigo Penal, puesto que hay pendiente de resolución un planteo de prescripción de la causa que presentó en la Justicia Correccional. Sin embargo, los cortistas no hicieron lugar a ese argumento, rechazaron el recurso, confirmaron que deberá hacerse cargo de los 90 mil pesos y así, a la actual funcionaria ya no le quedan instancias provinciales para intentar dar vuelta el fallo.
Además, se le impone un elemento adicional. El fallo de la Corte de Justicia ratificó lo que ya había dicho la Cámara Penal: que la docente publique los términos de la sentencia en los medios de comunicación y que se haga cargo del costo que eso implique. La medida había sido pedida por De Sanctis, como una forma extra de saldar las consecuencias de la arremetida verbal de la ex titular de UDAP.
Ayer, la jefa comunal de Rivadavia no atendió los llamados telefónicos de este diario. En el municipio que dirige aseguraron que está participando en un Foro de Turismo que se realiza por estas horas en la ciudad balnearia de Mar del Plata. No obstante, su abogado, Alberto Bustos, aseguró que en unos días más presentarán un recurso ante el máximo tribunal de Justicia del país para que revise el fallo que le impone el resarcimiento económico.
El que tampoco hizo declaraciones fue De Sanctis. En la Fiscalía de Estado informaron que estaba en una reunión que no podía descuidar.
En la larga historia de desencuentros que han protagonizado, hay una paradoja. Mientras el camino judicial agudizó las diferencias entre los dos dirigentes, la vida política los juntó, aunque ni se miran. De Sanctis es parte del equipo oficial desde el inicio de la era giojista, en el año 2003. Ana María, de estar en la vereda de enfrente como secretaria General de uno de los gremios estatales más combativos de la provincia, en 2007 aceptó sumarse a las filas del Gobierno como titular de la Dirección de Defensa al Consumidor. El año pasado, cumplió su objetivo de llegar al sillón de intendenta de su departamento y lo hizo jugando bajo al paraguas del Frente para la Victoria que encabeza el giojismo.