La Autoridad de Cuenca del Matanza-Riachuelo (Acumar) soslaya el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó el saneamiento del acuífero. El alto tribunal pidió al juez federal de Quilmes Luis Armella que exija el cumplimiento de las medidas dispuestas por la Corte en julio de 2008, bajo apercibimiento de aplicar multas a los funcionarios.
No se escuchan las voces de los diputados nacionales Fernando Pino Solanas y Miguel Bonasso, para exigir el saneamiento del Riachuelo, con la misma fuerza que critican la actividad minera en San Juan. La defensa de la ecología que se embandera detrás de posiciones ideológicas, siempre será parcial y carente de objetividad. Mientras tanto, quienes sobreviven en las cercanías del Riachuelo afrontan graves problemas de salud, y siguen olvidados por las autoridades. Según el Ministerio de Salud de la Nación, el 96,4% de la población asentada en la zona está expuesta a un grave riesgo ambiental, porcentaje reflejado en tasas de mortalidad infantil más elevadas que las del resto del país: 14,3 por mil contra 13,3 por mil nacidos vivos hasta el primer año de vida.
En la cuenca del Matanza-Riachuelo hay 973.196 hogares, la mitad sin agua potable, cloacas ni recolección de basura. No sorprende que el 33,3% de las afecciones sean gastrointestinales, y 26%, respiratorias. Además, 198.388 personas viven en sitios inundables; 327.007 carecen de centros de salud y 2682 están asentados, lisa y llanamente, en basurales. Sólo se ha inspeccionado el 20% de las industrias contaminantes y el tremendo riesgo ambiental sigue creciendo, sin escucharse las parciales voces de los mediáticos legisladores, adalides de la defensa del medio ambiente.