La tarea emprendida por las nuevas autoridades nacionales para sanear las plantas de personal en las distintas dependencias de la Administración Central, ha sacado a la luz un cúmulo de problemas derivados de la irregular contratación del personal para funciones que debían concursarse, en particular de profesionales, de acuerdo a los escalafones y funciones inherentes a la carrera jurisdiccional.
Estas anomalías, que vienen de una década de irregularidades que por efecto del tiempo transcurrido se tomaban como correctas, son las que ahora dan marco a la escandalosa erogación que demandaba mantener a militantes kirchneristas en miles de cargos sin que realizaran alguna contraprestación. Pero si los ‘ñoquis” descubiertos son parte de la variada corrupción a costa del erario, también la depuración de los planteles deja al descubierto una herencia insospechada de cómo se manejaban los contratos irregulares estimados en unos 600.000 agentes estatales.
Es bien conocido que el principal empleador es el Estado, como ocurre en San Juan si se comparan los números con los de la actividad privada, y con perfiles de precariedad en los casos en que las incorporaciones nacionales -por lo general compromisos políticos- lo que lleva a suponer que el gran porcentaje de empleo ‘en negro” lo aporte el cargo público. De acuerdo a cifras sindicales, hay más de 600.000 empleados estatales si se incluye a provincias y municipios.
En este marco, el Estado se transformó en el principal transgresor durante la última década, con una precarización laboral sistemática hasta dentro del propio Ministerio de Trabajo con personal transitorio y en la AFIP, donde hay inspectores que son monotributistas, sin estabilidad, aguinaldo ni vacaciones, o sin aportes previsionales. Hay también diferencias salariales, porque el contratado transitorio cobra menos que el empleado escalafonado, aunque realicen idénticas funciones.
El saneamiento funcional del Estado, en el ámbito nacional, es una tarea por demás compleja porque así como hay excelentes profesionales y técnicos con vasta experiencia, también ha sido un refugio partidario dentro de las dádivas políticas y de paso el empleo en negro fue tomado por la estadística del empleo registrado como válido, por el solo hecho de manejarlo el gobierno.