El oficialismo cordobés presentó en la Legislatura unicameral un proyecto de ley que busca limitar las huelgas en los servicios públicos esenciales, como salud, educación, justicia y seguridad, lo cual fue rechazado por los principales gremios locales.
El proyecto, garantiza además la prestación de guardias y propone que el transporte público tenga frecuencias mínimas y que no se interrumpa la recolección de residuos.
La iniciativa, denominada ‘Garantías para el acceso a los servicios esenciales‘, fue elaborada por el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, el jefe del bloque de legisladores delasotistas, Sergio Busso, y el vicepresidente del cuerpo, Carlos Gutiérrez.
En ese marco, propusieron garantizar ‘un conjunto básico de insumos, bienes, maquinaria, espacio físico y cosas en general, además de las prestaciones y personal suficiente a fin de asegurar su continuidad y regularidad, bajo las pautas y modalidades previstas en la presente ley‘. El proyecto contempla también la creación de la Comisión Técnica de Garantía de Servicios Esenciales que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, integrada por cinco miembros propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo de los legisladores.
La iniciativa advirtió que la inobservancia de los procedimientos conciliatorios establecidos en la legislación vigente ‘será considerada falta grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones‘ que correspondan. Voceros legislativos apuntaron que las penalidades incluyen hasta ‘el arresto‘ de los infractores.
Los autores del proyecto se amparan en el artículo 53 del Código de Faltas de la Provincia, que estipula hasta 30 días de arresto para los que no cumplan las medidas reglamentarias. Juan Monserrat, secretario general de la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC), expresó su ‘sorpresa‘ por el proyecto y rechazó de plano la idea del delasotismo de ponerle límites a las medidas de fuerza. ‘Con sorpresa, ya lo habíamos manifestado al gobernador. Vamos a reiterar lo que ha expresado la CGT con respecto a esta potestad que quiere tener la Provincia, contradictoria a lo que son estos tipos de derechos‘, indicó.
El legislador Oscar González, ex jefe de Gabinete de De la Sota y uno de los autores del proyecto, defendió la iniciativa y dijo que la idea ‘no es cortar el derecho a huelga, la idea es garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a tener los servicios‘. ‘Quienes más sufren la interrupción de ellos son los trabajadores. Esta es la idea central del proyecto. Uno se encuentra muchas veces que hay medidas que toman desprevenida a la población, esto afecta de manera extrema a las personas‘, señaló a radio Cadena 3. (DyN, La Voz del Interior).