El juez federal Miguel Ángel Gálvez imputó ayer a Sergio Puentedura (47 años, 20 de antigüedad) de comercio de estupefacientes agravado por su condición de funcionario público. El empleado federal fue detenido el lunes pasado en Caucete sospechado de hurtar drogas y dinero de distintas causas a su cargo en la Secretaría Penal Nº4, informaron fuentes judiciales.

Puentedura fue informado ayer de las pruebas en su contra y los delitos que le atribuyen, cuando se presentó a dar su versión en el Juzgado Federal. La sospecha es que este delegado gremial y dirigente del hockey sobre patines habría sacado ventaja de su condición de instructor para tomar los estupefacientes (marihuana y cocaína) y dinero de distintas causas para luego comercializarlas, indicaron fuentes del caso.

El escandaloso hecho se empezó a descubrir hace unos meses cuando, en una escucha telefónica, detectaron que Puentedura tenía contactos con una persona detenida por drogas.

A partir de ahí, el juez Leopoldo Rago Gallo puso en conocimiento de este accionar irregular a la fiscalía. Según las fuentes, hace unos días, la responsable de la secretaría descubrió que en las causas en las que trabajaba Puentedura faltaban distintas cantidades de drogas y dinero (la mayor desaparición fue la de 5 ó 6 panes de marihuana de 11 que iban a ser quemados). Incluso detectaron en un allanamiento en su oficina expedientes de sus compañeros en la Secretaría Penal Nº4, algo que está prohibido. Y también, que le había devuelto unos $2.000 con billetes distintos a los que había depositado en un primer momento un hombre por una fianza, informaron fuentes judiciales.

Puentedura es el segundo empleado del juzgado federal que es investigado por un hecho similar: en noviembre de 2011, Rogelio Videla Hadad, quien en ese momento era referente en Cuyo de los judiciales, quedó implicado en la desaparición de unos 20 kg de drogas y alrededor de $30.000.

Ayer, Puentedura no declaró y está previsto que lo haga recién hoy. “Mi cliente estaba de licencia cuando se hizo el relevamiento. Nos sorprende la calificación de comercio de estupefacientes y lo vamos a cuestionar”, dijo Ricardo Moine, uno de los defensores del empleado judicial.