Oficialmente se ha confirmado el enfriamiento de la actividad económica en la Argentina, con una caída del 9% en marzo último con respecto a igual mes del año pasado, y acentuada significativamente en la industria que cayó el 6% en ese período, según el estimador mensual del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El retroceso fabril fue empujado por las terminales automotrices, prácticamente paradas, un sector dinámico donde está en juego alrededor de 12.000 puestos de trabajo. Estos operarios han sido suspendidos, percibiendo variados porcentajes de sus remuneraciones, mientras el problema se extiende a toda la cadena de comercialización donde se encuentran unas 200.000 unidades 0 km sin poder vender.
A la drástica disminución de la demanda interna, por la pérdida del poder adquisitivo de la población tras la devaluación y el incremento de los precios de los vehículos afectados por los nuevos impuestos y los mayores costos de las terminales por insumos y actualización salarial, se suma al freno del mercado brasileño, principal destino de las exportaciones. Para citar un ejemplo, la planta de General Motors en Rosario produce 29 unidades por hora y el 76% se exporta a Brasil.
El postergado acuerdo automotor con el país vecino ha complicado aún más la crítica situación de las fábricas locales debido a la gran dependencia que tiene con el principal socio del Mercosur, un panorama por demás complicado ya que allí también hay cierta recesión de mercado con el agravante de que hay empresas que fabrican el mismo modelo en uno y otro país.
En esta difícil coyuntura el Gobierno nacional habría ofrecido a las terminales bajar el impuesto sobre los autos de alta gama -subiendo del tope a los autos alcanzados- a cambio de que no se despida personal, un paliativo de dudosa repercusión para reactivar la producción, no obstante considerarlo transitorio hasta alcanzar soluciones de fondo.
Es que esta crisis requiere un análisis profundo que lleve a soluciones integrales, pero no hay políticas activas para fortalecer al sector, tampoco se sabe cómo se justifican los precios de autos y pick ups, que en promedio superan el 30% desde principios de año, ni tampoco el Gobierno activa medidas financieras para facilitar la adquisición.