El problema de la vivienda se ha generalizado en el mundo y en España mucho más, como consecuencia de la profunda crisis económica y social. Este país tiene más de tres millones de viviendas deshabitadas, en poder de los bancos, mientras miles de familias carecen de techo porque no pueden comprarlas y claman por justicia social.
La usurpación no parece ser solamente un mal argentino según se observa en España y basta un ejemplo reciente: Un edificio en Galicia ha sido ocupado por 36 familias, luego de dos años sin ser habitado, y no fue obra de marginales sino del enorme desempleo y del deterioro general de las condiciones de vida.
El Consejo General del Poder Judicial español difundió datos que grafican una realidad controversial, al expresar que en el primer trimestre de 2012 se produjeron 46.559 desalojos forzosos. Es que el salario mínimo español de 642 euros ($3.600), sumado al alto índice de desocupación, producen mella también en un 50% de personas jóvenes. Hace tres años, cuando comenzaban los problemas de viviendas, en Cataluña se formó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con el propósito de reclamar por esas carencias y por las exigencias del pago por contratos con los bancos, que no contemplaban las repercusiones de una crisis que ya se insinuaba. Consecuentemente, hoy las PAH se han extendido a más de 60 en toda España, como parte de la gravedad del problema habitacional. Estos movimientos son conducidos e integrados por mujeres, parte de una sociedad que se rebela en las calles y radica denuncias judiciales. La ejecución de las hipotecas, más el ajuste y el desempleo no tienen soluciones puntuales y se agravan no sólo en España sino en toda Europa.