Hace casi dos meses que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue sacado por la fuerza de su domicilio y derrocado por un golpe cívico militar. Desde entonces se han realizado múltiples gestiones diplomáticas, lideradas por la OEA, para que el país centroamericano vuelva a la normalidad institucional, pero todas han fracasado.
Washington condena pero no actúa. Está claro que no está dispuesto a correr ningún riesgo por defender un mandatario amigo de Hugo Chávez, su enemigo en la región. En este marco, el presidente Barack Obama acusó de "hipócritas" a quienes le piden más protagonismo y al mismo tiempo critican la presencia de EEUU en América latina.
Mientras tanto, el gobierno de facto, de Roberto Micheletti, resiste la presión internacional y se sigue manteniendo en el poder, con la complicidad de una buena parte de la sociedad hondureña.
El lunes último llegó a Tegucigalpa una nueva misión diplomática, pero las posibilidades de éxito parecen lejanas. La clave de discordia está en el regreso de Zelaya a Honduras. Si lo hace, la Corte Suprema de Justicia hondureña sostiene que, será para someterse a la justicia, pero jamás para recuperar el poder.
Lo que ocurra en estos días será fundamental para Honduras y para toda Latinoamérica. Si no se llega a una salida negociada, se corre el riesgo de que el país termine sumergido en una guerra civil, mal antecedente para aquellos que, no conformes con quienes gobiernan su país, decidan acortar camino y recurran a métodos que recuerdan a las épocas más oscuras de la región.