Eduardo Santiago Caeiro, un abogado de origen cordobés que actualmente trabaja como secretario Penal del Juzgado Federal de Villa María, está a un paso de ser designado como defensor público oficial ante el Juzgado Federal de San Juan. Es porque la presidenta Cristina Fernández ya envió al Senado de la Nación el mensaje del Ejecutivo solicitando el acuerdo para su nombramiento. El cargo lleva vacante 5 años y para cubrirlo, sólo resta que la Cámara alta confirme la voluntad oficial en una audiencia convocada para el 27 de este mes.

Se trata de un cargo clave en la Justicia Federal de la provincia porque será el encargado de asegurar la efectiva asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas. Sucede que a veces por decisión propia o por falta de recursos económicos, un acusado de haber cometido un delito federal, como puede ser por drogas o trata de personas, no puede designar a un abogado para que lo represente. En esos casos actúa el defensor oficial, como será Caeiro. Según fuentes judiciales, se trata de un puesto con ingresos apetecibles: un profesional sin antigüedad arrancaría percibiendo unos 40.000 pesos.

El puesto estaba vacante desde 2009, cuando se jubiló Raúl Plana Más. El cargo fue subrogado después por Horacio Garcete, designado por la Defensoría General de la Nación. Actualmente en esa función se desempeña el abogado Diego Nicolás Giócoli.

Caeiro en un abogado de 40 años especialista en Derecho Penal, que concluyó sus estudios el 29 de julio de 2005 en la Universidad Austral. Entre otros antecedentes, ingresó al Poder Judicial de la Nación en noviembre de 1994 como auxiliar interino en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Luego, entre otros puestos, fue jefe de Despacho en la Secretaría Penal de la Cámara Federal de Córdoba. También, en octubre de 2009 actuó como juez federal subrogante en el Juzgado Federal de Bell Ville.

Para completar el proceso de designación del letrado resta la audiencia pública, en la que se pueden presentar preguntas y hacer observaciones sobre la calidad y los méritos del postulante, que serán evaluados por la Comisión de Acuerdos del Senado. Superado ese requisito, en la audiencia se le transmiten las preguntas y pasado ese requisito, el cuerpo en pleno le da el acuerdo para ser nombrado y el posterior juramento.

Dentro de lo que es el sistema de defensa en la Justicia Federal, también está vacante el cargo de defensor público oficial ante el Tribunal Oral de San Juan. Se trata del puesto que ocupó hasta el 11 de enero del año pasado Adrián Kurbán, quien falleció luego de una larga enfermedad. En ese ámbito, la Defensoría General de la Nación ya llamó a concurso para cubrir la vacante. Por el momento, quien está cumpliendo esa tarea es Mariano Gabriel Galletta.

Siempre en el ámbito de la Justicia Federal, también están vacantes los puestos de juez en el Tribunal Oral Federal y el de fiscal de instrucción.